El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña gestiona una subasta voluntaria de ocho solares con derechos para edificar en el polígono Fariña Ferreño y el polígono Parque de Oza, dos desarrollos urbanísticos pendientes heredados del anterior plan general de 1998. El primero está ya en los últimos pasos antes de poderse construir; y el segundo también tiene avanzada su tramitación pero está judicializado. La puja, en seis lotes, tiene un valor inicial conjunto que supera los cinco millones de euros.
La subasta es voluntaria, es decir, que no ha sido impuesta por la autoridad judicial en un proceso ejecutivo, sino que es el propietario, particular o entidad inmobiliaria o bancaria, el que puede optar por este método de venta, que permite abrirla a cualquier licitador y que se realiza bajo control judicial.
El lote más caro tiene un valor de subasta de 1,67 millones de euros. Son dos parcelas de Fariña Ferreño, el polígono de 56.750 metros cuadrados en el que se prevén construir doce edificios, que rodea la calle Monte das Moas y que hoy, a los ojos del vecino, se presenta como antiguas fincas sin transformar y un parking informal en el entorno del instituto. La venta incluye el 70,8% de una parcela con derechos para levantar ocho plantas sobre 442,17 metros cuadrados. Asociada, figura el 7,44% de una parcela de la misma manzana, con uso de patio.
Hay otras dos pujas abiertas en el mismo polígono. La siguiente más onerosa tiene un valor de subasta de 691.851 euros y es casi el 30% de una parcela edificable en altura de ocho plantas y vinculada a un patio. La tercera son 242.941 euros por 4.914 metros cuadrados de subsuelo para garajes, trasteros y aparcamientos para bicicletas.
El proyecto de urbanización, previo a la petición de licencias y a la construcción de viales y espacios públicos, estuvo a exposición pública. Aún no se han respondido a las alegaciones, según confirman vecinos de O Castrillón, que recurrieron la previsión en el diseño de los promotores de una glorieta con un desnivel de más de cinco metros, tres muros entre 4 y 6 metros cuadrados y una plaza que consideran "un insulto a la inteligencia".
En el polígono hay un espacio reservado para un equipamiento público. Los vecinos demandaron que la residencia de mayores que proyecta la Xunta en A Coruña se construyese en él, pero el Gobierno gallego eligió finalmente otra parcela municipal en el barrio de Eirís, próxima al Complexo Hospitalario Universitario. El plan de urbanización proyecta viales que comunicarán la avenida de A Pasaxe en la zona de Casablanca con las calles Vila de Ordes y Javier López López.
En el polígono llamado Parque de Oza (API Q28) está el segundo lote más caro, de 1,62 millones de euros. Es casi el 7% de una gran parcela, de 4.534 metros cuadrados, con 2.800 edificables, en la que se pueden edificar hasta 11 plantas incluido bajocubierta, además de garajes subterráneos.
Hay otros dos lotes en el desarrollo urbanístico, que va de la calle Montes a la calle Castrillón, hoy fincas abandonadas o cultivadas y también alguna vivienda unifamiliar tradicional que todavía sigue en pie. El plan general en vigor permite la construcción de 18 edificios, seis de ellos de once plantas. El segundo lote tiene un valor de 324.245 euros y es el 9,37% de un solar en el que se pueden levantar también once alturas. El tercero sale por 455.911,14 euros como precio inicial.
El polígono residencial está ahora mismo en los tribunales. En 2014, con el anterior Gobierno local, se aprobó el proyecto de compensación de la zona. El documento generó una fuerte contestación por parte de los vecinos y de la oposición. La federación vecinal, PSOE, BNG y Esquerda Unida recurrieron la aprobación porque los promotores no incluyeron los gastos de urbanización que el Ejecutivo del Partido Popular había decidido asumir para urbanizar varias calles por 1,5 millones de euros, con el argumento de que después serían reclamados a los promotores.
El exalcalde Carlos Negreira había justificado, para adelantar la actuación, que los vecinos llevaban muchos años esperando por estos nuevos viales -Antonio Ríos, Casanova de Eirís, A Concordia y Castrillón- pero que la factura iría a parar a los promotores. El interventor se había pronunciado en contra del proyecto de compensación de 2014 precisamente por excluir el pago de los trabajos. Los recursos permanecieron sin resolver hasta este verano, cuando un juez, a instancias de los promotores, obligó al Concello a resolver el trámite. El Gobierno de Marea resolvió y lo hizo a favor de los recurrentes, tumbando el plan por no prever el pago de los trabajos ya realizados y obligando a garantizar el realojo de una familia cuya vivienda se derribará. En desacuerdo, los promotores han acudido al Contencioso.
