El Gobierno local anunció la pasada semana que iniciaba los trámites para la supresión total del copago en la ayuda en el hogar. Para ello, prevé modificar la ordenanza fiscal que lo regula, para lo que necesita de la mayoría en el pleno. Ahora está pendiente de la respuesta de PSOE y BNG y también del Tribunal Económico Administrativo Municipal, que debe dar su visto bueno. La idea es que deje de existir en el primer trimestre de 2019. La Consellería de Política Social dice que seguirá "con interés todas las novedades que se vayan produciendo" y que es entonces cuando se pronunciará sobre un servicio que está regulado por una ley y dos decretos autonómicos. No es la primera vez que la interpretación de esta normativa causa fricción entre los Ejecutivos gallego y municipal, que considera que dichos decretos invaden competencias municipales.

A preguntas de este periódico, la consellería responsable señala que esperará a pronunciarse al respecto porque la decisión del Concello coruñés está en una fase "muy embrionaria" y que, interpreta, "necesita mucho recorrido dentro del Concello antes de convertirse en definitiva". "La Xunta de Galicia seguirá con interés todas las novedades que se vayan conociendo y se pronunciará cuando exista una propuesta en firme", concluyen.

La concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, no ve motivo alguno por el que el Gobierno gallego deba situarse en contra, ni política ni jurídicamente. "La Xunta entiende la importancia que tiene un servicio como es la ayuda en el hogar y de la misma manera también entiende lo que es la autonomía local", espera Cameán, "esta es una tasa y las tasas son potestad de la Administración local, por lo que no creo que la Administración autonómica ponga ningún problema porque tomemos una decisión autónoma conforme a la ley de prescindir de esos copagos, que son injustos e que realizan as familias usuarias de la ayuda en el hogar". La concejala añade que, económicamente, la eliminación del copago "no va a tener repercusión para la Xunta", porque es el propio concello quien pagará a través de los presupuestos municipales, y que es "una medida absolutamente necesaria".

La Xunta regula el servicio de ayuda en el hogar y reparte la financiación que llega del Estado, acordando ambas administraciones un copago a las familias que deben cobrar e ingresarle los concellos, que son los que contratan y gestionan el servicio. La aplicación del copago -sus 1.400 usuarios aportaron más de medio millón de euros en 2017- ya causó diferencias entre ambas administraciones. La Xunta envió al menos dos requerimientos, bajo amenaza de obligar a reintegrar al Concello las ayudas para que la Administración local adaptase la tasa a los decretos que regulan la forma de cobrar y desarrollan la ley autonómica de Servicios Sociales.

El Concello argumentó entonces lo mismo que argumenta ahora al iniciar los trámites para la eliminación, que con sus decretos, que establecen qué cantidades se deben cobrar y con qué bonificaciones, la Xunta infringe "la legalidad, por cuanto invade las competencias que corresponden a las entidades locales para crear y determinar los elementos de las tasas que se recauden por la prestación de servicios de titularidad municipal". La asesoría jurídica municipal aconseja que, si la Xunta se opone a estos términos, "debería ser contestada mediante la consiguiente impugnación", que acabaría como un recurso indirecto contra la reglamentación autonómica. Habla incluso de que podría plantearse una cuestión de inconstitucionalidad. La edil de Xustiza Social explica, en este sentido, que una sentencia del Constitucional de 2017 avala la posición municipal, al considerar los cobros "tasas que son competencia del Concello".