26 de diciembre de 2018
26.12.2018

La empresa municipal de vivienda tendrá su mayor ingreso en 2019 en el cobro de multas

Emvsa elabora el estudio sobre el mercado de la vivienda en la ciudad que exigieron PP y PSOE al Gobierno local tras impedirle acometer el plan para alquilar pisos cedidos por sus propietarios

26.12.2018 | 00:27
Un policía municipal sanciona a un vehículo mal aparcado en la calle San Agustín.

La gestión del cobro de las multas de tráfico en el periodo voluntario se consolida como la principal vía de ingresos de la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa), que prevé obtener en 2019 por esta labor 402.067 euros, aunque la actividad inmobiliaria no generará de nuevo ninguna renta durante el próximo ejercicio a pesar de que fue la misión con la que nació en 2005 la compañía, que desde entonces no ha llevado a cabo ninguna intervención en este campo. El Concello, durante el mandato del PP, traspasó a Emvsa el cobro de multas de tráfico en fase voluntaria de pago en un intento de frenar el déficit continuo de esta empresa.

Otras fuentes de ingresos para la compañía serán el arrendamiento del aparcamiento de Matogrande, que proporcionará 130.000 euros, el alquiler a supermercados Vegalsa del local en esa misma instalación por 273.894 euros, el canon de 25.000 euros que abona A1 Pádel por el edificio deportivo de Matogrande, los 115.989 euros del alquiler del aparcamiento del Materno-Oncológico y los 56.118 euros de la renta del polideportivo de O Castrillón. Las plazas de rotación del parking de As Conchiñas generarán ingresos de 218.156 euros, el asesoramiento jurídico a la Fundación Emalcsa 9.000 euros y las cuotas de renovación de los socios de Bicicoruña, 165.289 euros.

El Gobierno local intentó en mayo de 2017 que Emvsa desarrollara un plan de vivienda para alquilar pisos privados que hubieran sido cedidos por sus propietarios. Esa iniciativa debía incluir también programas para personas con problemas para acceder a una vivienda, pero el rechazo de PP y PSOE en el consejo de administración de la empresa echó por tierra el proyecto, ya que el apoyo del BNG fue insuficiente para sacarlo adelante.

Los populares reclamaron que A Coruña se incorporase antes al Plan de Vivendas Baleiras de la Xunta y los socialistas exigieron que se aportaran datos que permitieran arrancar el plan sobre bases sólidas, por lo que ambos grupos unieron sus votos para solicitar que se elaborase un estudio del parque inmobiliario de la ciudad que hiciera posible definir las políticas municipales de vivienda. Esto llevó al Gobierno local a poner en marcha ese informe, para el que Emvsa seleccionó 2.000 viviendas a cuyos propietarios se realizó una encuesta con el objetivo de hallar "respuestas a las necesidades de demanda de vivienda de la población en general, y particularmente, menores de 35 años".

La investigación también permitirá desarrollar actuaciones de regeneración urbana, infraestructuras, equipamientos educativos y sanitarios, así como políticas sociales. La encuesta abordará además los cambios demográficos, los precios o la movilidad y la precariedad laborales, además de la modalidad de acceso a la vivienda que prefiere la ciudadanía y las actuaciones que se pueden realizar en ellas, como mejoras o rehabilitaciones integrales. También se estudiará la capacidad financiera de los demandantes de vivienda para averiguar si hay situaciones de exclusión social. La información permitirá elaborar mapas de las zonas en las que debe renovarse el parque de viviendas y el número y características de los pisos vacíos.

El alcalde Francisco Vázquez anunció en junio de 2003 la puesta en marcha de un Instituto Municipal de Vivienda al mismo tiempo que la expropiación de los edificios y terrenos de la Fábrica de Tabacos, que finalmente no se llevó a cabo al alcanzarse un acuerdo entre el Concello y la multinacional Altadis. En 2004 se destinó un euro para la constitución de la que debía llamarse Empresa Municipal de Gestión Urbanística. La opción que finalmente siguió el Gobierno local fue crear una filial de la empresa municipal de aguas que se denominase Emalcsa Servicios, cuya misión debía ser la de gestionar el 10% de la superficie de cada polígono que los promotores deben ceder al Ayuntamiento cuando lo ponen en marcha.

Esa iniciativa, adoptada ya bajo el mandato de Javier Losada, suponía la ruptura del pacto que había alcanzado Francisco Vázquez con la Xunta para traspasarle esos terrenos y que en los mismos se construyeran viviendas sociales, aunque Emvsa, denominación definitiva de la empresa, tampoco llegó a recibir las superficies cedidas por las inmobiliarias.

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