El Concello aprobará hoy, por primera vez en 32 años, la bajada de las tarifas del transporte urbano a partir del próximo 1 de febrero, que será de 10 céntimos para situar el precio del billete ordinario en 1,20 euros. El nuevo régimen de precios establece además una tarifa de bonobús general de 75 céntimos, social de 33 céntimos y universitario de 30, además de la gratuidad de los viajes para todos los menores de 13 años y la misma medida para todos los transbordos entre líneas.

La decisión será adoptada por la Junta de Gobierno Local, que rechazará además las doce alegaciones presentadas por la Compañía de Tranvías para evitar el descenso de las tarifas, lo que aventura un nuevo enfrentamiento entre ambas partes en los juzgados, donde ya se dirime si es posible declarar caducada la concesión que la empresa mantiene desde 1986. La iniciativa incluye la disminución de las compensaciones que recibía Tranvías por los viajes pagados por bonobús y de los beneficios que obtenga, de forma que se calcula que sean de 1,06 millones de euros, frente a los 4,3 millones de 2017. El Ayuntamiento justifica esta rebaja en la aplicación de la legislación europea, para "evitar la sobrecompensación" de la empresa que "pueda ser considerada ayuda de Estado".

La concesionaria eludió comentar ayer si presentará un recurso judicial, ya que la resolución municipal todavía no había sido adoptada ni le había sido comunicada. En su recurso de reposición, Tranvías advierte de que la rebaja de tarifas debe considerarse nula porque el contrato de la concesión, firmado en época del alcalde Francisco Vázquez, establece que "la revisión de tarifas siempre será al alza" y porque la decisión municipal implica una "modificación unilateral del régimen de la concesión".

Tranvías argumenta que el Concello cambia las condiciones de un concesión que da por caducada, a lo que le contesta que fue prorrogada hasta que los tribunales dictaminen sobre esta cuestión. También rechaza la compañía el cambio de precios por vulnerar el contrato de 1986, aunque el Gobierno local responde que no es una modificación arbitraria, sino una adaptación del mismo a la normativa europea.

Para respaldar su postura, el Concello menciona el informe que solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre los beneficios obtenidos por Tranvías y la propuesta de reducción de las tarifas, que determinó que la concesión debe adaptarse a la normativa europea y evitar que cubra de forma excesiva los gastos de la empresa, aunque rechazó aplicar medidas compensatorias sin un estudio sobre el coste de la prestación del servicio que incluya la aplicación de un beneficio razonable.

Otra de las alegaciones exige que se mantenga el equilibrio financiero de la concesión, que el Concello considera garantizada a la vista de las auditorías encargadas por la propia empresa, en la que se reflejan los beneficios obtenidos en los últimos años.

Tranvías reclamó además que las tarifas fueran aprobadas por la Xunta, pero la Comisión de Prezos de Galicia decidió no pronunciarse sobre la propuesta enviada por el Concello al entender que no era necesario, ya que se trata de un descenso de precios y no de una subida, como es habitual en sus informes.

La concesionaria también rechazó el empleo del informe de Competencia y el encargado a investigadores de la Universidade da Coruña un estudio sobre el "beneficio razonable" que debería tener Tranvías, pero el Concello le recuerda que las leyes europeas establecen que las ganancias no deben ser excesivas y que el beneficio industrial habitual es de solo el 6%. La investigación solicitada a los investigadores universitarios determinó que el precio debería ser de 1,16 euros si se emplean vehículos de gasoil y de 1,15 si se trata de híbridos, lo que llevó a plantear una tarifa general de 1,20 euros y el resto de modificaciones.