El Concello continúa bajando el importe del crédito que solicita anualmente para financiar las inversiones incluidas en el presupuesto. En el anteproyecto de las cuentas prevé, a falta de aprobarlas en pleno, solicitar un préstamo por valor de 6,5 millones de euros, un 18,44% menos que el del año pasado, de 7,9, y que ya había marcado un récord más allá de la última década en María Pita.
El crédito ha tenido una línea descendente desde el inicio de mandato. De los 12,3 millones de euros que consignara el último presupuesto de Carlos Negreira, del PP, que tenían como antecedentes otros tres de 11,4, se pasó al primero, de 9,3 millones de euros, y el siguiente, de 8,6 millones. Los 15,1 millones de euros del superávit de 2017 consignados a rebajar deuda -no se pudieron destinar a inversiones por superarse el periodo máximo de pago a proveedores- también contribuyen a la menor cantidad que se solicita para costear las obras incluidas en el presupuesto de este año, aún sin aprobar.
A falta de la liquidación del presupuesto del año pasado, la comparativa con las previsiones que tenía el Gobierno local el año pasado y este varían en algunos conceptos. Con respecto a la recaudación de las multas de tráfico, se espera un incremento del 11,3%, alcanzando los 6,4 millones de euros mientras que, al finalizar el año 2017, estas sanciones aportaron realmente a las arcas municipales 5,9 millones.
Otra subida importante es la del impuesto de la plusvalía, que grava el aumento de valor de los inmuebles en el momento de su transmisión. Pese a que su cobro está en un limbo legal y que el Concello ya está en trámite de devolver más de 200.000 euros, las cuentas planifican recaudar ocho millones de euros frente a los siete del año pasado. Fuentes municipales han confirmado que mantendrán el cobro si hay un incremento de valor de la propiedad hasta que el Ministerio de Hacienda no apruebe un nuevo sistema para el gravamen.
El resto de tasas aplicadas por el Ejecutivo municipal no van a variar demasiado en comparación con lo que preveía ingresar el año pasado. La conocida como contribución sube un escaso 1,5% y recaudará 60 millones, una cifra que suele cumplirse al ser un impuesto de obligado cumplimiento y número exacto de personas que lo deben abonar: aquellos propietarios o inquilinos de una vivienda. Los impuestos de actividades económicas, recogida de basuras o el de circulación, por razones similares, tampoco registran gran cambio, bajando entre un 4 y un 8%.
Los ingresos al margen del cobro a los ciudadanos, los que provienen del IRPF, de la comunidad autónoma o del fondo complementario de financiación suben discretamente y aportarán 69 millones a la arcas públicas municipales si se aprueban las cuentas.
