El Ayuntamiento, los propietarios y el denunciante de la antigua sede de Fenosa, sobre la que pesa una orden de derribo desde hace 18 años, continúan inmersos en un proceso intrajudicial de mediación para alcanzar una solución viable para el inmueble. Está condenado a la piqueta porque la constructora, Fadesa, incumplió el ordenamiento urbanístico municipal al levantar el edificio en 1997, durante el Gobierno de Francisco Vázquez. Ninguno de los planes generales posteriores, ni los intentos de los sucesivos gobiernos para evitar la demolición, lograron que los tribunales lo considerasen legal. La mediación avanza sobre la hora puesto que el proceso tenía un plazo concedido de dos meses para lograr un consenso.

El expresidente del Tribunal Constitucional, el jurista Pascual Sala, fue elegido como figura de prestigio para comandar el procedimiento de mediación, sugerido por el Concello y aceptado por las partes implicadas. La figura del mediador tiene, por ley, que ser un tercero ajeno al conflicto que facilita la comunicación efectiva y la negociación entre las partes implicadas. No proporciona asesoramiento pero garantiza que los intervinientes lo reciban a través de sus abogados. Ni puede ni debe imponer una solución, sino ayudar a que se encuentre un acuerdo que suponga un beneficio mutuo conforme a derecho.

El contenido de las reuniones es confidencial por lo que ninguno de los implicados ha querido que trascienda más allá de sus encuentros, que acordaron mantener el pasado 8 de octubre. Aquel día, la magistrada del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) calificó la mediación como "la única alternativa" para ejecutar la sentencia que ordena la demolición del edificio, que emitió el Alto Tribunal Gallego en 2001 y que ratificó el Tribunal Supremo en 2006.

"Lo que se pretende es la intervención de profesionales especializados, partiendo siempre de la voluntariedad de las partes, que pueden ofrecer una solución pactada al problema", señaló la magistrada en unas palabras recogidas en una nota de prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El inicio de la mediación supuso la suspensión temporal del proceso judicial por un plazo de 60 días. El demandante aceptó el intento pero advirtió de que abandonaría el proceso si se dilataba en el tiempo y que no sufragaría su coste, al haberlo propuesto el Ayuntamiento. Añadió que exigiría la "ejecución inmediata" de la sentencias de los tribunales si la mediación se convierte "en otro proceso dilatorio", como entiende que han sido los sucesivos recursos de la Administración municipal coruñesa y los propietarios para intentar evitar o paliar los efectos de las sentencias.

El Ayuntamiento propuso la mediación por "el grado de conflictividad" del caso, "que lleva más de dos décadas activo". Para el Gobierno local, que sopesó presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la solicitud "refleja la voluntad del Concello de llevar a cabo actuaciones pendientes en un marco de diálogo y acuerdo que permita tener en cuenta tanto la adecuada ponderación de intereses en conflicto como la preservación del interés general".