La reunión que mantendrá esta mañana la comisión municipal de Rexeneración Urbana dará el penúltimo paso para que el complejo deportivo La Solana recupere la condición de suelo público que tenía antes de la aprobación del plan general de 2013. En esta sesión se aprobará de forma definitiva la modificación de la normativa urbanística para este complejo, que ahora aparece como espacio libre privado en la categoría de parque deportivo pese a que es propiedad de la Autoridad Portuaria, que a su vez lo tiene arrendado a la empresa Finisterre, al igual que el hotel del mismo nombre.

Tras recibir el visto bueno de la comisión, el pleno municipal previsto para el próximo lunes será el encargado de culminar el proceso para el cambio urbanístico de la parcela, aunque también habrá que esperar a que la Xunta conceda su autorización definitiva para que entre en vigor. El objetivo de la iniciativa es evitar una posible operación especulativa con La Solana, temor que en 2013 llevó al BNG a denunciar la modificación introducida por el PP en el plan general sobre La Solana, a la que posteriormente su sumó Marea Atlántica cuando el Puerto anunció su intención de vender el complejo y el hotel Finisterre para costear la deuda contraída por la construcción de la dársena exterior.

La iniciativa del Gobierno local contará presumiblemente con los votos necesarios para su aprobación definitiva tanto en la comisión como en el pleno, ya que en la inicial contó con el respaldo del PSOE, mientras que el BNG no pudo votar debido a la ausencia de su única representante, mientras que el PP optó por abstenerse. Esa sesión se efectuó el pasado 5 de marzo y, poco después, el 18 de abril, Xunta y Fomento suscribieron un protocolo mediante el que manifestaban su voluntad de que La Solana continúe siendo propiedad del Puerto, aunque mantiene el proyecto de venta del hotel Finisterre.

Para llevar al pleno la aprobación definitiva del cambio urbanístico de La Solana, el Ejecutivo municipal ha culminado el proceso de información pública abierto tras la aprobación inicial, durante el que presentaron alegaciones el BNG, su grupo municipal y su portavoz, Avia Veira, además de la Comisión Aberta en Defensa do Común, la sociedad Finisterre y la Autoridad Portuaria.

Las tres últimas entidades ya habían planteado reclamaciones en el inicio de este procedimiento y ahora vuelven a exponerlas con los mismos argumentos, por lo que reciben similar contestación por parte del Concello. La consideración por el arrendatario de las instalaciones de que La Solana y el hotel Finisterre forman una única propiedad es rebatida por el Gobierno local con la diferenciación entre finca y parcela, ya que la zona para la que se propone la modificación urbanística está formada por tres fincas con propietarios diferentes a pesar de estar integrada en una sola parcela.

También rechaza la estimación de Finisterre de que su concesión termina en 2067 y no en 2027, ya que lo considera "contradictorio" con el informe elaborado para que la Autoridad Portuaria sacara a subasta el recinto deportivo. El Concello advierte además que la recuperación de la calificación del suelo como público no es incompatible con el mantenimiento de la concesión y que, en caso de que se opte por rescatarla, el expediente que se inicie para la expropiación fijará la cantidad que deberá abonarse.

La respuesta municipal a la "ausencia de interés público" en el cambio urbanístico alegada por la Autoridad Portuaria menciona que los terrenos para los que se plantea la modificación en el plan general "son deficitarios en dotaciones públicas", por lo que se considera que su incremento mediante la iniciativa puesta en marcha por el Concello "tiene la consideración de razón de razón de interés público, ya que eleva la calidad de vida y la cohesión social". A esto se añade que desde la aprobación del plan general de 1998, La Solana ya fue considerada sistema general de espacios libres de titularidad pública y eso "no supuso ningún tipo de problema" a la concesionaria.

Pero también advierte el Gobierno local que el cambio de la calificación de los terrenos efectuado por el plan general de 2013 pudo vulnerar el principio de no regresión de las zonas verdes al dar un uso privado a un suelo que antes tenía la consideración de público y menciona sentencias del Tribunal Supremo en las que se exige una "especial motivación de las innovaciones de planeamiento que incidan sobre la calificación de las zonas verdes.

También desestima el Concello la alegación de la Autoridad Portuaria que alude a la existencia de "desviación de poder y fraude de ley" en la propuesta de cambio del plan general, así como a que no está motivada ni justificada su viabilidad económica. Para ello, se recuerda que la Ley de Costas permite que los terrenos que como La Solana fueron desafectados del dominio marítimo-terrestre pueden ser cedidos de forma gratuita a los ayuntamientos o comunidades autónomas siempre que se destinen a uso público. También añade que el Tribunal Supremo exige que para que exista desviación de poder es necesario "que quien lo invoque alegue los supuestos de hecho en que se funde y los pruebe cumplidamente", lo que considera que no se ha realizado en este caso.

Las alegaciones del BNG y la Comisión Aberta en Defensa do Común, que exigían garantizar la propiedad municipal y el uso público tanto de La Solana como del hotel Finisterre, son aceptadas, aunque se advierte que este último edificio está incluido en el conjunto histórico-artístico de A Coruña, que está regulado por un plan especial de protección. Esto lleva a que el Concello opte por abordar el futuro del hotel con un "procedimiento específico y más adecuado" y que no renuncie a modificar el plan urbanístico del casco histórico para incluir esa cuestión.