El convenio de cesión del derecho de uso de la antigua cárcel provincial por un periodo de dos años fue firmado por el Ayuntamiento y el organismo estatal Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) el 15 de enero de 2017. Quedan siete días por tanto para que expire su vigencia y el Gobierno local no ha aclarado si ya ha solicitado la prórroga de la cesión gratuita por un año más, paso que, según el convenio debería de haber solicitado con una antelación de al menos un mes antes de la fecha de vencimiento, o si desistirá.

"El Gobierno local mantiene los contactos precisos, entre los que habrá una reunión técnica a comienzos de 2019, para estudiar los términos de la continuidad del acuerdo", señalaron fuentes municipales el mes pasado en una respuesta sobre la gestión de la cárcel a propósito del cese temporal de la actividad del colectivo Proxecto CárcereProxecto Cárcere. Las mismas fuentes se remitieron ayer a este entrecomillado, sin contestar a este periódico si el Concello ya ha solicitado la prórroga al SIEP, como establece el convenio, ni si ya ha habido algún contactos con el organismo por la prolongación de la cesión.

Aunque el Gobierno municipal avanzó en alguna ocasión su intención de mantener el antiguo penal con actividad tras los dos años iniciales de cesión, la interrupción de la gestión de Proxecto Cárcere en diciembre por orden del Concello a raíz de un informe de la Dirección Xeral de Patrimonio que no autoriza su uso crea dudas sobre la utilización de la cárcel. Miembros del colectivo comentaron ayer que no han recibido ninguna comunicación del Ayuntamiento sobre la reanudación de las actividades.

El edificio reabrió en agosto tras unas obras iniciadas en octubre de 2017, pero solo 100 metros cuadrados, ya que el deterioro del inmueble desaconsejó abrir otros espacios previstos. El Concello y el SIEP se habían comprometido a aportar cada uno 150.000 euros en la rehabilitación de la cárcel.