Compararse con otras ciudades suscita orgullo unas veces y celos o resentimiento otras. Si hoy A Coruña mirase a Oporto -y al Gobierno portugués por extensión-, encontraría un motivo de envidia por el entendimiento entre administraciones y el desarrollo urbanístico que el Ayuntamiento de la ciudad lusa y el Consejo de Ministros del país han propiciado. El Ejecutivo estatal aprobó este jueves desafectar del dominio público militar el cuartel de Monte Pedral, prácticamente en el centro de la ciudad, y devolvérselo de forma gratuita a Oporto. Lo que ahora espera al terreno, de unos 25.000 metros cuadrados, es un gran proyecto para habilitar 370 apartamentos de alquiler en condiciones favorables y una residencia para estudiantes.

Vista desde A Coruña, la noticia de la reversión de esta instalación militar en una gran ciudad del país vecino, cedida al Estado hace más de un siglo, en 1904, contrasta con las dificultades que en la actualidad tiene el Concello para negociar o acordar con el Estado la devolución de terrenos o propiedades en la ciudad que apenas utiliza o que han perdido uso. Las tres parcelas vacías de A Maestranza, la antigua cárcel provincial e incluso el cuartel de Atocha son dependencias estatales por las que el Gobierno local suspira hoy o alguna vez ha anhelado recuperar.

Un recinto del Estado que estaba cerrado, el penal de la Torre, es deseado por el Gobierno local, que ha tenido que conformarse con la cesión por dos años para reabrirla como centro sociocultural, cuya actividad está parada. Concello e Interior deberán resolver este mes, cuando acaba la cesión, el futuro del edificio, pendientes de la resolución judicial sobre la devolución de la parcela, cedida por el Ayuntamiento en 1925. Aquel convenio con el Estado estipulaba que el inmueble volvería al patrimonio municipal si perdía su función penitenciaria.

Junto a la cárcel esperan destino las tres parcelas valladas de Defensa que el Ayuntamiento quiere recuperar para uso público. Están en A Maestranza y la devolución gratuita que ansía el Gobierno local no entra en los planes del Ministerio, que alega que la ley no lo permite. El órgano estatal Invied no recibió ofertas por ellas en dos subastas, pero una empresa presentó una en junio pasado para la adjudicación directa de dos de ellas. Las administraciones negocian desde finales de 2018, de momento sin resoluciones, y el Concello mantiene la intención de que no se construyan viviendas en la zona, en todo caso equipamientos para los vecinos.

Aunque el cuartel de Atocha es una propiedad de Defensa que mantiene el uso exclusivo militar de la que el Estado nunca ha deseado desprenderse, hace diez años el Concello proyectaba una reforma en su entorno con la conversión del edificio en un equipamiento civil. Las previsiones fueron erróneas hacia una instalación similar a la que esta semana en Oporto ha dejado de ser del Gobierno estatal y no volverá a ser utilizada por el Ejército para regresar a la ciudad. El alcalde de Porto, Rui Moreira, calificó el acuerdo como "histórico". La ciudad prevé atraer a más de mil nuevos residentes para que ocupen viviendas de alquiler accesible.

La fábrica de armas, con la actividad industrial reducida desde 2014, es otra instalación de Defensa con el futuro sin aclarar. A las dos administraciones se suman la Xunta y la Universidade da Coruña para debatir desde este mes una posible utilización de los terrenos como parque tecnológico para fomentar la actividad innovadora en la ciudad, la comarca y Galicia.

Defensa poseía desde 1984, cuando firmó un acuerdo de cesión de propiedades con el entonces alcalde, Francisco Vázquez, 703.000 metros cuadrados en la ciudad, que hoy se han visto reducidos a 314.623. La mayor parte pertenecen a la fábrica de armas, que ocupa 254.215, seguida por el cuartel de Atocha con 22.265 y la Hípica con 11.715 metros cuadrados.