Unas largas negociaciones de casi tres años entre la Autoridad Portuaria de Valencia y el Ayuntamiento valenciano culminaron la semana pasada con un acuerdo urbanístico por el que la ciudad ha obtenido la cesión de 230.000 metros cuadrados de suelo portuario en desuso por un periodo de 25 años prorrogable. La superficie, para hacerse una idea comparativa con el puerto de A Coruña, equivale a casi cuatro veces la que el Plan General de Ordenación Municipal establece en los muelles de Batería y Calvo Sotelo para su transformación cuando su actividad se traslade a las instalaciones del puerto exterior, 64.397 metros cuadrados. Si se toman como referencia los muelles de San Diego y Petrolero, los terrenos cedidos a la ciudad de Valencia suponen el 60% de la superficie conjunta de esos muelles coruñeses, 377.057 metros cuadrados.
El acuerdo entre las instituciones valencianas, canalizado a través de un plan especial para la zona sur del puerto -conocido como Plan Nazaret-, no dista mucho del que en A Coruña persigue el Concello con la Autoridad Portuaria, a la que el Gobierno local ha solicitado la cesión de suelo para usos públicos desde el comienzo del mandato de Marea Atlántica sin que el Puerto haya sido receptivo a sus peticiones. Diferencias y afinidades políticas explican el contraste entre los casos: el PSOE gobierna en la Generalitat Valenciana, que nombra al presidente del Puerto, y los socialistas forman parte del tripartito que gobierna en la ciudad, cuyo alcalde, Joan Ribó, pertenece a Compromís; en A Coruña es más complejo el entendimiento del Ejecutivo de Marea con un órgano que depende del Gobierno central, ahora socialista, pero cuyo presidente, Enrique Losada, es nombrado por la Xunta, en la actualidad del Partido Popular.
El plan especial de la zona sur del puerto de Valencia abre un abanico de distintos usos ciudadanos en una superficie equivalente al Parc Central, la segunda área verde más importante de la ciudad, todavía incompleta. Con la reurbanización de los terrenos se mejorarán los servicios en el barrio de Nazaret, la zona más castigada por la expansión del puerto valenciano.
Casi 100.000 metros cuadrados de un antiguo balneario serán destinados a uso deportivo, a los que optará en concesión el club de fútbol Levante con la previsión de construir su ciudad deportiva. Otros 86.000 metros cuadrados antes ocupados por una fábrica deberían ser el futuro parque de la Desembocadura del Turia, de los que 25.000 serán aprovechables por el Puerto para edificar cuatro bloques rectangulares de hasta cinco alturas; una parte del resto, casi 20.000 metros cuadrados integrados en la trama urbana de Nazaret, se destinarán a uso terciario y dotacional múltiple.
El plan especial, que es fruto del convenio entre el Puerto y el Ayuntamiento de 2017 y sustituye al de 1986 que prometía resarcir a los vecinos de Nazaret, prevé otras tres áreas de intervención urbanística en las que el planeamiento municipal propone usos sociales, educativos y culturales y zonas verdes independientes. El Plan Nazaret incluye un corredor verde peatonal y ciclista.
El acuerdo alcanzado la pasada semana abre ahora un periodo técnico y administrativo en el que se deberá diseñar el plan especial a través de un concurso de ideas y, según las previsiones municipales, comenzar a construir "instalaciones mínimas de jardín y deportivas", avanzó el alcalde.
En A Coruña, sin acuerdos entre el Concello y el Puerto a la vista, son más difusos los planes y plazos para la transformación de los terrenos portuarios. Cada administración ha tomado vías distintas. Con Mariano Rajoy aún de presidente del Gobierno, la Autoridad Portuaria suscribió en abril un protocolo con Fomento, Puertos del Estado y la Xunta, sin contar con el Ayuntamiento, mediante el cual el Gobierno gallego abonará 20 millones en 2020 para hacerse con el control del 51% de la propiedad de los muelles de Batería y Calvo Sotelo y se reserva futuras operaciones, a partir de 2027, en el de San Diego si el Puerto necesitase mayores recursos. Ese protocolo está pendiente de su materialización en un convenio, aunque la decisión está en manos del Ejecutivo.
El Gobierno local ha convocado un concurso de ideas sobre la reordenación del borde litoral cuyo resultado se conoció hace días. Sobre las cinco propuestas más valoradas, cada una con usos diversos para los terrenos y soluciones urbanísticas variadas, habrá una votación popular de la que saldrá la propuesta final para definir esa transformación de los muelles con la que el Concello acudirá a futuras negociaciones con las administraciones. El último contacto entre el Concello y Puertos del Estado, en octubre, decepcionó al alcalde, Xulio Ferreiro, ya que el órgano estatal no se comprometió a no vender los muelles y solo aceptó flexibilizar los pagos de la deuda del Puerto por la construcción de la dársena exterior.
En este escenario de incertidumbre está pendiente una reunión de la comisión de seguimiento de los convenios de 2004 que prevén la venta de los muelles para financiar el puerto exterior que anunció en octubre el delegado del Gobierno y aún no se ha convocado.
