La liberación de gran parte de la deuda de la Marina de Valencia contraída por el Consorcio Valencia 2007 que el Estado aceptó asumir en agosto pasado, 350 millones de euros, se ve plasmada en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado presentado ayer por el Gobierno de Pedro Sánchez. La Administración General del Estado se hará cargo del endeudamiento con el Instituto de Crédito Oficial que pesa sobre el órgano que gestiona los terrenos portuarios. Ese suelo fue cedido gratuitamente por el Estado para la celebración de dos ediciones de la Copa América de vela y carreras de la Fórmula 1, según recoge una disposición adicional.
El Concello de A Coruña y la Xunta reclamaron un trato igualitario con la condonación de la deuda del Puerto coruñés con la administración central por la construcción del puerto exterior, de 200 millones de euros, pero el Gobierno estatal rechazó tomar la misma medida alegando que los casos son diferentes. Añadió que la ley impide perdonar ese crédito por la naturaleza del deudor -una Autoridad Portuaria y no un consorcio del que forma parte el Estado- y el objeto de las obras.
A través de mociones consensuadas y declaraciones institucionales, el Pleno municipal, el Parlamento de Galicia, la Diputación y el Congreso de los Diputados en la Comisión de Fomento votaron en septiembre a favor de la liberación de la deuda portuaria con la oposición del PSOE, salvo en las sesiones del órgano provincial y de la Cámara alta gallega, donde sí se sumó al voto unánime. En el Congreso el diputado socialista Ricardo García Mira justificó que los demás grupos reclamaban una ayuda de Estado sobre unas infraestructuras que han sido financiadas con ayudas europeas y consideró que la propuesta tenía "falta de honestidad".
El presupuesto del Gobierno de Sánchez, que deberá ser sometido a la votación del Congreso, recoge que la Secretaría General del Tesoro gestionará la deuda asumida por el Estado, que se extiende a las obligaciones principales y a los intereses devengados hasta cualquiera de las fechas de pago posteriores a la entrada en vigor de la ley reguladora de las haciendas locales. La disposición establece que el Gobierno central deberá negociar con la Generalitat y el Ayuntamiento para garantizar que se mantenga una "adecuada gestión del espacio" que actualmente administra el Consorcio Valencia 2007.
Los gobiernos autonómico y local de Valencia llevaban años reclamando al Gobierno estatal que asumiera la deuda que lastra el desarrollo de la Marina y que suma unos 415 millones. De esta cantidad, 350 se gastaron en las infraestructuras de las regatas, como pantalanes y bases deportivas, y otros 60 corresponden al crédito firmado con el Santander para hacer frente a variaciones de intereses -ahora en manos de un fondo norteamericano-, y que el consorcio prevé abonar con un plan de viabilidad.
El Ayuntamiento de Valencia de uno y otro color político siempre defendió que el Gobierno del Estado asumiese el crédito de las obras de la Copa América, como en su momento hizo con otros grandes acontecimientos de interés general como la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, que se pagaron a través de los presupuestos estatales y no con un préstamo. El Gobierno central socialista aceptó finalmente hacerse cargo de la deuda portuaria, según le reclamó la Generalitat que preside Ximo Puig, secretario general del PSOE valenciano.
A los dos días de que la Delegación del Gobierno en Galicia anunciase en octubre la convocatoria de la comisión de los convenios que en 2004 definieron la venta de los muelles para financiar las obras de punta Langosteira, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, negó agravios con A Coruña y aseguró que la ley impide liberar al Puerto de su deuda de 200 millones, pero añadió que el Gobierno central tenía "la voluntad de ayudar" a la entidad portuaria por medio de otras medidas que habría que estudiar.
A finales de ese mes, el alcalde, Xulio Ferreiro, regresó de una reunión en Madrid con la nueva presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, con el compromiso inconcreto de aceptar la flexibilización de los pagos de la deuda de la Autoridad Portuaria. Desde entonces no han trascendido soluciones.
