El Estado da por solucionado el problema de financiación de la ría de O Burgo, cuyo proyecto ya terminado pero sin publicar prevé licitar entre marzo y julio la administración central por 48 millones de euros y 21 meses de ejecución, según anunció esta mañana el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. El Estado tiene la esperanza de que la oferta que se haga con el contrato consiga reducir de 21 a 18 los meses previstos para la realización de la obra.
Los 24 millones que faltaban por concretar fuera de los Presupuestos Generales del Estado procederán, según propuso la Xunta, de una reasignación de fondos de la Unión Europea que negociará en Bruselas el Ministerio de Transición Ecológica, en concreto de una partida por una cantidad aproximada que estaba en principio destinada a la depuradora de Santiago cuya obra no estará finalizada en 2020, por lo que no podrá justificar en 2021 los fondos que tenía asignados. La Xunta es la que tiene que solicitar esta reasignación.
Si Europa aprueba esta maniobra, el Estado licitaría las obras de inmediato y en un solo contrato. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, comentó esta mañana que "la Comisión Europea no puede decir que no" a la reasignación de fondos para Galicia. Fuentes autonómicas aclaran que el acuerdo no se ha firmado todavía.
El Estado, de acuerdo con el proyecto presupuestario para 2019 presentado ayer, prevé invertir en la ría 8 millones de euros este año y 15 el siguiente, 23 en total. El Gobierno estatal da por desbloqueado la financiación de la ría de O Burgo y los ayuntamientos afectados, tras haber realizado obras en sus entornos, quedarán ahora liberados de aportar fondos para la intervención.
El secretario de Estado de Medio Ambiente se reunió esta mañana en la Delegación del Gobierno con las conselleiras de Infraestruturas, Mar y Medio Ambiente y los alcaldes de los ayuntamientos de A Coruña, Oleiros, Cambre y Culleredo.
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por su parte, se ofreció a aportar un millón de euros de las arcas municipales siempre y cuando el Gobierno central suprima la parte de la Ley Montoro que restringe la inversión del superávit a los concellos y les obliga, si no cumplen determinadas condiciones económicas, a destinarlo a amortización de crédito, esto es, a los bancos.
