La refinería de Repsol invertirá 16,8 millones de euros en la instalación de un equipo que reducirá la emisión de partículas en el proceso de conversión de hidrocarburos pesados en ligeros, según figura en la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la planta que la Consellería de Medio Ambiente acaba de aprobar. Esa tecnología no estará disponible hasta marzo de 2020, plazo que el departamento autonómico da a la empresa para que incumpla de forma temporal los niveles máximos de emisión de nitrógeno.
Repsol explica en el documento que el equipo que se instalará no fue ensayado en una refinería europea hasta junio de 2017 y que dos meses después su fabricante le remitió una oferta para incorporarlo en A Coruña. Tras los preparativos realizados, prevé iniciar su montaje en la planta en febrero de 2020.
La alternativa a este plan sería la paralización de la refinería, que Repsol considera "desproporcionada" con relación a la reducción de la emisión de partículas un 7,5% que proporcionará el nuevo equipamiento, a lo que añade que los valores de calidad del aire registrados durante los últimos años son "adecuados", de forma que el riesgo existente hasta la instalación de la nueva tecnología "no es significativo".
Medio Ambiente acepta los argumentos de Repsol al estimar que el coste económico de parar la refinería es "desproporcionadamente más elevado en comparación con el beneficio ambiental", pero establece un valor límite de emisión de partículas hasta marzo de 2020 de 70 miligramos de nitrógeno por metro cúbico de aire.
La consellería exime además a la empresa de invertir 10,5 millones para reducir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en las operaciones de carga y descarga en sus muelles de San Diego. Repsol explicó que para instalar los equipos necesarios precisa de 350 metros cuadrados de superficie libre en su terminal petrolera que no posee sin poner en riesgo otras instalaciones y que además no podría ponerlos en funcionamiento antes de dos años.
A esto añade que está en marcha el proceso para el traslado de todas sus infraestructuras portuarias a punta Langosteira, que debe culminarse antes del 15 de diciembre de 2027. También señala que las mediciones de control de benceno en el aire no superan valores límite y que la carga de naftas y gasolinas, operación en la que se produce la salida de los compuestos volátiles, se realiza dos días al mes como máximo, de forma que el riesgo ambiental es "no significativo" y que la inversión necesaria para evitarlo "resulta desproporcionada frente al beneficio ambiental que supone". Medio Ambiente acepta estos argumentos al afirmar que suspender las operaciones de carga de estos productos dejaría "comprometida" la viabilidad económica de la refinería y causaría un "importante impacto económico" a la Autoridad Portuaria, aunque obliga a Repsol a proporcionar datos continuos sobre las mediciones de la calidad del aire.
La Autorización Ambiental Integrada obliga además a la compañía a cambiar de ubicación en el plazo de un mes la estación de control de calidad del aire situada en el centro cívico de Meicende por no cumplir las condiciones de temperatura necesarias. También debe colocar antes de tres meses un sensor de temperatura ambiente próximo al campo de fútbol de Meicende.
Otra medida que deberá cumplir la refinería es la elaboración de un plan de gestión de olores antes de seis meses, en el que se identifiquen los focos de emisión, así como un estudio para la dispersión de los olores en las zonas habitadas cercanas en el que se detallen los lugares más afectados.
La consellería obliga además a trasladar dos puntos de control de las aguas en la costa, situados cerca del emisario submarino de la depuradora de Bens, por lo que pueden verse afectados por sus emisiones. Medio Ambiente contestó además a la alegación presentada por el grupo ecologista Arco Iris a la Autorización Ambiental Integrada, en la que reclamaba que la información registrada por la estación de control de calidad del aire de A Grela sea accesible al público. El departamento señaló que los datos son revisados por la Xunta y que confiaba en tenerlos abiertos en su web al terminar el año pasado.
