La vivienda protegida, aquella que tiene precios inferiores a los de la vivienda libre, gana interés en la ciudad. Después de seis años de caída en la demanda, el mercado registra desde mediados del año pasado un aumento de solicitantes de pisos de protección en el Rexistro Único de Demandantes de Galicia. Es un repunte anual del 18%, el segundo más alto entre las ciudades de la comunidad, después del de Vigo, del 19,3%. Se traduce en 351 solicitudes más desde la primera semana de febrero de 2018 y se pasa de 1.959 a 2.310 demandas, de las que 367 son para la compra de una vivienda, 1.458 para el alquiler y 485 para el arrendamiento con opción a adquisición.
El incremento de la demanda en la ciudad en el último año equivale casi a tantos pisos protegidos como los que se proyectan hasta ahora en el parque ofimático, 373, donde tres edificios propiedad de cooperativas están terminados, de los que dos ya tienen las licencias de ocupación, y la Xunta prevé comenzar en breve la construcción de otro con 40 pisos públicos. Otras 80 estarían en la parcela del Ayuntamiento, aunque el Gobierno local, tras culminar la urbanización de gran parte de la zona el año pasado para facilitar la entrada de los cooperativistas, mantiene congelados sus planes inmobiliarios en el polígono. Otra cooperativa ha iniciado además el proceso de captación de socios para constituir otra cooperativa privada en el ofimático con la idea de construir un edificio con 70 viviendas de protección autonómica en un solar comprado por un particular a la Xunta, propietaria de otras doce parcelas.
Las viviendas de protección oficial de promoción pública, domicilios de hasta 90 metros cuadrados que deben ser la residencia habitual y no se pueden vender antes de diez años, son los que suscitan más demanda: 1.938 peticiones en A Coruña. Son las que generalmente solicitan los jóvenes para acceder a su primera vivienda o familias con ingresos bajos o insuficientes para poder adquirir un piso en el mercado libre.
En comparación es muy escaso el interés que despiertan los pisos de promoción pública de núcleos rurales del municipio o en su casco histórico: solo 48 solicitudes a día de hoy en zonas de limitado desarrollo urbanístico en los últimos años y con un elevado grado de protección en sus edificaciones. Los cascos históricos de Lugo y Vigo resultan más atractivos para los demandantes de un piso protegido, sobre todo su compra, con más de 200 y 300 peticiones en cada ciudad respectivamente, mientras que en los de Ourense, Ferrol, Santiago y Pontevedra apenas hay interés.
El resto de solicitudes son de pisos de promoción privada en régimen especial, general y concertado, un total de 324, en los que una promotora se encarga de la comercialización de las viviendas entre todos aquellos interesados que cumplan los requisitos según la tipología del piso.
El aumento del precio de los alquileres y mejoras en la actividad económica son factores a los que alude el sector inmobiliario para explicar por qué vuelven a atraer los pisos de protección, pese a la insuficiente oferta de este tipo de viviendas que tiene Galicia en general. Solo hace un año y medio la demanda de estos pisos en la ciudad experimentaba un descenso del 45% con respecto a cuatro años antes, 2012, cuando el Rexistro recibía más de 4.100 peticiones.
Otra de las razones que alientan el mercado es el decreto que tramita aún la Xunta -preveía que entrase en vigor a finales de 2018- para ampliar un 20% el límite de ingresos para acceder a un piso de protección, de manera que un demandante que esté por debajo de los 22.557 euros anuales tendrá más facilidades de alquilar o comprar una vivienda, frente a los 18.797 euros de límite hasta ahora.
Además de su iniciativa de vivienda en el ofimático, aún sin definir, el Gobierno local prevé destinar un edificio en ruinas en la esquina de las calles San Nicolás y Marqués de Pontejos a la construcción de ocho pisos para jóvenes. El Concello compró el inmueble por 240.991 euros, debe abonar el IVA y consigna en el presupuesto de este año, aún sin aprobar, 570.000 euros hasta 2020 para el proyecto. Otro plan, el de compra de viviendas a particulares para dedicarlas a alquiler social, quedó estancado por las irregularidades advertidas en el proceso y el Concello, a instancias del Consello Consultivo, anuló la adquisición de dos.
