La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reabierto el expediente de 2013 sobre el estado de las rías gallegas y solicitará información a través de cartas al Gobierno del Estado, a la Xunta y a las administraciones locales para conocer la situación real de las de O Burgo y de Vigo.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que fue la encargada de llevar el tema a la Comisión de Peticiones en 2012 y también la de forzar su reapertura ayer, adelantó que las instituciones tendrán "un mes o un mes y medio" para responder a las cuestiones que le plantee la comisión, por lo que, sobre el mes de marzo, podrán volver a evaluar qué recomendaciones se han cumplido de aquel informe de 2013, calificado ya entonces como "descafeinado", y cuáles no. En ese documento, lo que se pedía a las administraciones, básicamente, era que no escatimasen esfuerzos para regenerar las rías y eso implicaba invertir en ellas cuanto antes. El dragado de la ría de O Burgo sigue pendiente, aunque el Gobierno central prevé licitarlo antes de junio siempre y cuando Europa acepte asignar a esta actuación fondos previstos para la depuradora de Santiago. La obra, según Medio Ambiente, concluirá en 2020.

La Comisión de Peticiones recibirá la información de las administraciones en unas semanas, pero también la que le hagan llegar los afectados, que tendrán la oportunidad de presentar nuevas pruebas sobre el estado del estuario. Después, se remitirá el dossier a la Comisión Europea, que será la encargada de analizarlo y de realizar nuevas recomendaciones o de cerrar el expediente. Este órgano no tiene capacidad para obligar a los estados a acometer actuaciones, pero sí que puede instar al Parlamento Europeo a imponer sanciones a los estados miembros que constaten que han vulnerado las normativas. España, según el BNG, paga 36.000 euros de multa cada día por incumplimiento de la normativa de aguas.

"No puedo cerrar ninguna de las peticiones. Tenemos que esperar por más explicaciones fiables. Lo que haremos será dirigirnos por carta, una vez más, al Reino de España y recordar a la Comisión Europea que tiene que estar en estrecho contacto con el Reino de España hasta que pueda darle carta blanca", dijo ayer la presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström. Es decir, hasta que puedan "fiarse al 100%" de lo que les dicen ambas partes.

La eurodiputada nacionalista auguró que en la Comisión de Peticiones de marzo, los europarlamentarios podrán tener una respuesta y que, en función de ella, seguirán "aportando información", con el objetivo de que la Comisión Europea conozca la situación real de O Burgo, cinco años después de la visita de la delegación.

Los peticionarios -el patrón mayor de la cofradía de pescadores de A Coruña, Felipe Canosa, y el presidente de la Plataforma en Defensa da ría de Vigo, Serxio Regueira- hicieron hincapié en sus intervenciones en que, si bien se han realizado actuaciones para mejorar la calidad del agua, como la eliminación de vertidos, no se ha cumplido el objetivo de que el estuario vuelva a ser un área productiva que le pueda dar empleo a dos mil familias, como sucedía en los años ochenta. Y es que, actualmente, el mayor problema del estuario es que los lodos contaminantes que invaden sus fondos merman la capacidad productiva de O Burgo.

Wikström se mostró ayer muy crítica con las explicaciones ofrecidas por los eurodiputados del PP Francisco Millán Mon y del PSOE José Blanco, que se afanaron en blanquear la labor de sus partidos, que gobernaron España en los últimos cinco años.

"Las cosas en la ría de O Burgo no han hecho más que mejorar en estos diez años. Es cierto que quedan cosas por hacer, pero el balance no es negativo, es positivo. En O Burgo queda el dragado de los lodos, pero hubo muchos estudios y el dragado de la ría no se improvisa en quince días", dijo Millán Mon.

Wikström, además, afeó a José Blanco que utilizase su tiempo de intervención para pedir el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, que consignan ocho millones de euros para la regeneración de la ría de O Burgo y otros quince para 2020, cuando el proyecto contaba con una previsión de inversión de 48 millones de euros. El Ministerio de Medio Ambiente fía el resto de la financiación a que la Comisión Europea apruebe la reasignación de fondos de la depuradora de Santiago, que no se construirá en los plazos inicialmente previstos sino que tardará más, por lo que pedirá que los casi 30 millones que se iban a invertir en esa instalación, pasen a engrosar la financiación del dragado de la ría de O Burgo. Si Europa no da su visto bueno, algo que Blanco no mencionó en su intervención, el Estado asegura que buscará "vías alternativas" y abre la puerta a que la Xunta y los concellos aporten dinero a este proyecto, algo que no entra en los planes del Gobierno gallego, que defiende que la regeneración de las rías es competencia exclusiva del Estado.

Blanco aseguró ayer que, en estos cinco años, ha habido "luces y sombras" e insistió en el mismo argumento que Millán Mon, de que se había avanzado mucho en la regeneración, a pesar de que no se había completado. Blanco protagonizó el momento más tenso de la reunión cuando se encaró con la eurodiputada Ana Miranda, a la que afeó que dijese que los presupuestos del Estado eran insuficientes. "Siempre quieres ser la protagonista", le dijo y le espetó que él tenía "más presencia" que ella en el Parlamento. "No conviertan esto en una farsa española", zanjó Wikström.

La vicepresidenta de la Comisión de Peticiones y miembro del PP, Rosa Estaràs, intentó que Wikström cambiase de opinión al ver que no coincidían las versiones de los peticionarios con los de los miembros de la Comisión Europea y los representantes del PP y del PSOE. Lo hizo asegurando que ella tenía un informe de la Comisión Europea que avalaba que no se hiciese seguimiento del informe de las rías gallegas porque se habían "cumplido las recomendaciones" y porque la misión había "dado sus frutos".

La eurodiputada nacionalista no se extrañó ayer de este comportamiento, ya que aseguró que es el mismo que ha tenido el PP desde que se inició el expediente. "Ellos, que no pisan el terreno, se atreven a decir que venimos a politizar esta cámara. Que yo sepa el Parlamento Europeo es un parlamento político en el que tenemos derecho a defender la ciudadanía y a los peticionarios que llevan desde 2010 peleando por este tema", concluyó Miranda, que invitó, tras la comisión a tres eurodiputados del Grupo Verdes ALE- al que también pertenece el BNG a que visitasen O Burgo y Vigo, en una misión no oficial del Parlamento Europeo. Una cita que fue aceptada por los compañeros de Miranda.