El Gobierno local inició en 2016 el proceso para revisar el catálogo de edificios protegidos del plan general. Tras dos años de tramitación, fue en noviembre de 2018 cuando la corporación, con la abstención del PP, aprobó el nuevo documento. Los populares han convertido esta semana este catálogo como arma política contra el Gobierno local, unas críticas que han censurado tanto PSOE, primero, como Marea Atlántica, después.

Cambios. En octubre de 2016 arranca la modificación del plan general al que obliga el cambio del catálogo de elementos protegidos. La suspensión de licencias que acompaña la decisión caducaba en febrero de 2018. La Concejalía de Rexeneración Urbana propone, en el documento que envía a las Consellerías de Cultura y de Medio Ambiente, aumentar la protección de más de un centenar de nuevos edificios, restos arqueológicos o etnográficos. Ambos departamentos autonómicos criticaron algunas decisiones del Concello por cuestiones técnicas y por diversidad de opiniones con respecto a los criterios para valorar el valor patrimonial o arquitectónico de los elementos. La Dirección Xeral de Patrimonio obligó a incluir otros diez inmuebles, entre los que se cuentan el edificio Pou, en el número 7-9 de la calle Fernando González, en la zona de Juan Flórez; el llamado del Banco del Noroeste, en los números 28 y 32 de Linares Rivas; y la antigua lonja, llamada del Gran Sol. También ordenaba introducir en el catálogo inmuebles de Fernández Latorre o Monelos por el paso del Camino de Santiago. Tras la recepción de este informe, en enero de 2018, el Gobierno local asume los cambios.

Negociación. El edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, con la suspensión de licencias caducada en febrero, pretendía agilizar al máximo la aprobación del nuevo catalogo, llevándolo a pleno en octubre. Pero la explicación no convenció a PP y PSOE, que mostraron su enfado por que el documento les llegara con solo 16 horas de antelación con respecto a la comisión que debía analizarlo antes de la sesión. Su voto en contra obligó al Gobierno local a aplazar a noviembre el asunto. La negociación con los socialistas durante varias semanas dio sus frutos y, bajo la premisa de incluir nuevos elementos, daban su voto afirmativo. El inmueble número 47 de Juan Flórez, que también tiene fachada en el 11 de Fernando González, llamado Cooperativa de Alféreces, diseñado por Carlos Meijide y el número 28 del mismo vial, un grupo de viviendas cuyo proyecto firman Ramón Vázquez Molezún y Gerardo Salvador Molezún pasaron a estar protegidos a propuesta del PSOE.

Pleno. La propuesta final, con unas 90 nuevas construcciones, llegó al pleno de noviembre, donde recabó el visto bueno de Marea Atlántica, PSOE y BNG y la abstención del PP, que mostró sus dudas calificando el expediente de "débil". Pese a haber obtenido la autorización de la Xunta, el que fuera concejal de Urbanismo en el anterior mandato, Martín Fernández Prado, criticó que el listado era "inconsistente". Anunciaba alegaciones para mejorar el texto. Ahora, el PP anima incluso a los vecinos a presentar reclamaciones antes de que finalice el plazo de información pública. A partir de ahí, el 4 de febrero, y una vez resueltas las quejas, el Gobierno local deberá llevar otra vez el asunto al pleno para su aprobación definitiva. El PSOE ha censurado al PP por oponerse a aumentar la relación de edificios protegidos e incluye algunos a los que los populares le retiraron la catalogación cuando gobernaron, como el edificio de Citröen en la avenida de Oza.

Expertos. El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia avaló la inclusión de los nuevos elementos en el catálogo y defendió, por su responsable en A Coruña, Roberto Costas, que los criterios eran "válidos, no arbitrarios, basados en la responsabilidad". Es más, consideraba que cuidar inmuebles valiosos era "urgente" por las "transformaciones" que acababan provocando su desaparición. Entre las ausencias destacadas de los últimos años, el arquitecto destacó la del asilo de Adelaida Muro. Sobre los conjuntos de viviendas de los años 60 construidas por familias obreras en Os Mallos, el Agra, Monte Alto o Eirís de Arriba, el profesional defendía que, aunque su valor arquitectónico no fuera el de otros inmuebles, tenían un valor que se debe proteger. "Son testigos de una época. Si nos imaginamos la ciudad sin esos elementos estaríamos robándole esa parte de memoria".