Los gobiernos locales de A Coruña, Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza han presentado una propuesta de anteproyecto de ley que tiene como objetivo regular la financiación del servicio de transporte público colectivo urbano y metropolitano por parte del Estado.

Los concejales con competencias en el área de Movilidad de estos municipios, que se encuentran entre los diez más poblados del Estado, presentaron ayer en Valencia esta iniciativa, que trata de promover la creación de un fondo estatal que financie adecuadamente a los municipios de más de 50.000 habitantes siguiendo criterios objetivos como el número de viajes, el total de kilómetros recorridos, la cobertura o la eficiencia.

La propuesta apunta a que ese fondo tenga una dotación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado que permita financiar parte de los gastos operativos de los transportes colectivos, además de proyectos de inversión y "desarrollo de una red de transporte público urbano eficiente, sostenible y de calidad", según destaca el edil de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío.

"Los gobiernos municipales consideramos prioritaria la inversión en políticas de movilidad en nuestros territorios y creemos que esta también debe ser una prioridad del Estado, la de complementar los sistemas de financiación", recalcó el concejal.

Efecto invernadero

El anteproyecto, que tiene el apoyo de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, entidad que reúne a más de 80 entidades, procura garantizar también la reducción de emisiones del efecto invernadero provocado por la movilidad en vehículos a motor de combustión, contribuyendo, de este modo, a colaborar con los compromisos adquiridos por parte del Gobierno español con la ratificación del Acuerdo de París. "Hablamos de una medida que impulsa el transporte público y la reducción de los vehículos privados y que, por lo tanto, redunda en la salud pública y el bienestar del ciudadano", dijo Grandío.