El Concello pagó a proveedores en diciembre en un plazo medio de 19,42 días, por debajo de los 30 fijados por Hacienda y muy lejos de los 32,76 de noviembre que imposibilitó que el remanente de 2017 se pudiera destinar a inversiones en obras. El incumplimiento de este requisito de estabilidad presupuestaria marcada por el Gobierno central obligó al Ayuntamiento a dedicar los 15,1 millones sobrantes del año anterior a amortizar deuda y no a proyectos en los barrios.
Después de ochos meses de sobrepasar el límite establecido por el departamento estatal, el Ejecutivo municipal logró, en el último mes de 2018, abonar sus facturas dentro de los 30 días. Pero la explicación de superar este límite, según la Concejalía de Facenda, tiene dos partes: un cambio en la ley estatal de contratos del sector público y un proceso de digitalización municipal. Así lo expone en una contestación a una pregunta escrita del grupo municipal socialista, donde admite que estas modificaciones "de profundo calado" supusieron "una mayor lentitud" en la tramitación de las facturas. Y este taponamiento, continúa el departamento de Eugenia Vieito, derivó en la "acumulación" de facturas en tramitación, antes del pago.
La causa, pues, del incumplimiento del Período Medio de Pago (PMP) hasta noviembre -mes límite para poder realizar las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS)- fue que los recibos se atascaban en las fases previas a poder ser pagadas. La salida del recibo del servicio, la fiscalización, la emisión de informes complementarios o la tramitación de reparos son los pasos en los que la demora se hacía más evidente, según los argumentos de Facenda, que también describe en el documento las medidas tomadas para poder revertir la situación y pagar en 19 días en el mes de diciembre.
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Con respecto a la implantación de la administración electrónica, el Gobierno local apunta que se realizaron "mejoras" en las aplicaciones informáticas para facilitar el "mayor control y seguimiento" de las facturas y también se incorporó una nueva herramienta digital que mejoró los tiempos.
En el Servicio de Intervención Xeral se contrató a un técnico interino debido a la "acumulación de tareas" y en el de Tesorería General se agilizaron "todo lo posible" los procesos administrativos. Además, Facenda dio instrucciones a los organismos del Concello, de los que también depende el cómputo del pago a proveedores, como el IMCE o el Consorcio de Turismo, para gestionar rápido los abonos.
Tanto Vieito como el alcalde insistieron en diciembre en culpar de la demora al cambio de la metodología del Gobierno central para calcular el plazo y defendían que afectaba a todas las administraciones públicas. Entre los 85 proyectos que el Gobierno local pretendía hacer con los 15,1 millones de remanente estaban obras en centros educativos, instalaciones deportivas y municipales.
