31 de enero de 2019
31.01.2019
La Opinión de A Coruña

La juez ordena al Concello posponer la bajada del precio del bus hasta resolver si la suspende

La Xunta estudia la solicitud de subir el billete general a 1,39 euros planteada por Tranvías, que pidió medidas cautelares en un recurso que el juzgado debe aceptar o no en unos cinco días

31.01.2019 | 00:30
El presidente de Tranvías, José Prada, entre el alcalde Xulio Ferreiro y el edil de Mobilidade, Daniel Díaz.

Claves

  • Evolución. Después de 32 años de subidas y tras cuatro años con el precio congelado, el Gobierno local aprueba reducir en 10 céntimos las tarifas del bus urbano desde el 1 de febrero
  • Los precios. El billete ordinario costará 1,20 euros; con bonobús general, 75 céntimos; y con bonobús social y universitario, 33 y 30 céntimos. Los menores de 13 años viajarán gratis
  • Tranvías. Se opone a la bajada de tarifas, la recurre en el juzgado, solicita su suspensión cautelar y pide a la Xunta una subida a 1,39 euros. El Gobierno local rechazó sus alegaciones

La providencia se firmó horas después de que Mobilidade detallase la reducción de tarifas anunciada para mañana

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña instó ayer al Concello mediante una providencia a "abstenerse de cualquier intervención" sobre la bajada de tarifas del bus urbano hasta que decida si, como pidió la Compañía de Tranvías, la suspende cautelarmente. El Ejecutivo municipal aprobó el pasado 28 de diciembre la reducción, que preveía poner en marcha mañana. La juez estudia el recurso interpuesto el mes pasado por la Compañía de Tranvías contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local para rebajar el precio del billete ordinario y del bonobús y declarar gratuitos todos los transbordos y los viajes de los menores de 13 años. En el recurso, la concesionaria demandó también a los tribunales la suspensión cautelar de la rebaja hasta que haya una resolución judicial al respecto. Según fuentes judiciales, la magistrada tiene que resolver en cinco días si adopta la paralización temporal que pide Tranvías o si la rechaza.

La concesionaria ha solicitado además a la Dirección Xeral de Comercio una revisión al alza de las tarifas del transporte público con la base del cálculo en el último año en que pidió una revisión, 2014, para que el precio del billete general sea de 1,39 euros, un 6,9% más de lo que cuesta en la actualidad, 1,30 euros, y un 15,8% más de los 1,20 euros que costaría a partir del viernes. Fuentes de la Consellería de Economía informan de que la Consellería "está estudiando" la solicitud de Tranvías, así como las alegaciones a esta petición enviadas por el Ejecutivo, que se opone a esta subida.

El Concello recibió la orden judicial que pospone la entrada en vigor de la reducción de precios el 1 de febrero [fecha anunciada al final de diciembre] dos horas después de que el edil de Mobilidade, Daniel Díaz, detallase la puesta en marcha de las tarifas y, entre otras cuestiones, los pasos que tendrían que seguir los menores de 13 años para no pagar. La juez señala que pone "en conocimiento del Concello" que no puede tomar ninguna medida respecto a la bajada de los precios, "a la vista de las noticias aparecidas en la prensa", hasta que tome una resolución sobre las medidas cautelares porque así lo exige la ley.

Tras conocer la providencia, Díaz Grandío comentó que el Concello "seguirá las indicaciones" que le lleguen del juzgado, tras responder un día antes a la magistrada que se oponía a la suspensión cautelar de la bajada de precios solicitada. "En todo caso [la juez] no se refiere a la legalidad de los acuerdos municipales sobre los cambios de tarifa ni sobre las medidas cautelares, sino que ordena a la administración esperar a que se pronuncie sobre la solicitud de suspensión planteada por Tranvías. Esperamos que este pronunciamiento se produzca con la máxima celeridad para minimizar los posibles prejuicios a los usuarios", añadió.

Por la resolución judicial también espera la concesionaria, con la disposición a asumir cualquiera que sea el dictamen. "La Compañía de Tranvías solo quiere manifestar que ya éramos conscientes de cuál era el procedimiento legal vigente, cuyas disposiciones legales siempre hemos respetado y, por tanto, esperamos la resolución de los tribunales y acataremos la decisión judicial que resulte", comentó ayer su director, Ignacio Prada.

Desde la oposición, el BNG criticó al concejal por la gestión de su departamento a propósito de la rebaja de precios pospuesta en el transporte público. "Ni reordenó las líneas, ni mejoró las frecuencias, ni recuperó el carril bus, y ahora, además, frustra las expectativas de la única medida en cuatro años que podía suponer cierta mejora en el transporte público", dijo la portavoz municipal, Avia Veira.

La bajada de tarifas del bus que el Gobierno local preveía cambiar
a partir de mañana sucede a 32 años de subidas y a los cuatro últimos con los precios congelados. Los usuarios pagarían 10 céntimos menos por un billete ordinario, que baja de 1,30 a 1,20 euros, y por los que se pagan con bonobús, de modo que el billete general con descuento valdría 0,75 euros, con bonobús social para jubilados, desempleados y discapacitados 0,33, y para universitarios 0,30 euros.

Otra novedad de las tarifas es la gratuidad de los billetes para los menores de 13 años empadronados en A Coruña. Quienes tengan la tarjeta Millennium solo tendrán que hacer un cambio de perfil en el dispositivo, bien de manera presencial en el Registro del Palacio de María Pita o en la estación de autobuses, o a través de la red de cajeros de Abanca. Los menores que aún no tengan la tarjeta deberán darse de alta en el servicio de la estación de autobuses a partir del día 1, según explicó el concejal de Mobilidade.

Los transbordos serían también gratuitos siempre que los usuarios realicen en menos de 45 minutos más de un trayecto en cualquiera de las líneas del servicio de transporte público. Hasta ahora, de las 576 combinaciones de transbordo posibles, hay que pagar en el 80%.

La concesión del transporte público enfrenta también en los juzgados al Concello y a Tranvías en los juzgados por la fecha a partir de la cual debe contarse el periodo de 30 años en el que deben extinguirse las adjudicaciones a empresas que, como Tranvías, no fueron licitadas públicamente. El juzgado de lo Contencioso que lleva el caso ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE que aclare si el contrato ya acabó, como argumenta el Ayuntamiento apoyado en el reglamento europeo de 2009, o si la concesión finalizará en 2024, como figura en el convenio aprobado por el pleno en 1986, defiende la concesionaria.

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