El Gobierno local prevé aplicar este viernes, 1 de febrero, la bajada en diez céntimos de las tarifas del bus urbano de A Coruñabajada tarifas bus urbano de A Coruña, una decisión que abrirá un nuevo frente judicial entre el Ayuntamiento y la Compañía de TranvíasAyuntamientoCompañía de Tranvías. La concesionaria del transporte público ha interpuesto un recurso judicial contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 28 de diciembre por el que se rechazaron sus alegaciones contra la reducción del precio, tanto del billete ordinario como del bonobús, y contra la gratuidad de todos los transbordos y de los viajes de los menores de trece años, que el Concello también prevé aplicar este viernes. Tranvías ha solicitado al juzgado la suspensión cautelar de los acuerdos, a la que se opuso el Concello, que, según fuentes municipales, tiene preparado "el dispositivo para la entrada en vigor de las nuevas tarifas el 1 de febrero".
Tranvías ha presentado ante la Dirección Xeral de Comercio una solicitud de revisión al alza de las tarifas con la base del cálculo en el último año en que solicitó una revisión, 2014, de manera que el precio del billete ordinario quedaría establecido en 1,39 euros, un 6,9% más de lo que cuesta actualmente, 1,30 euros, y un 15,8% más de los 1,20 euros que costará a partir del viernes. El Gobierno local también se ha opuesto a esta subida.
Con las nuevas tarifas aprobadas por el Ejecutivo municipal se reducen en diez céntimos los billetes pagados con el bonobús general, que costarán 75 céntimos, el bonobús social (33) y el universitario (30 céntimos). El cambio tarifario establece además la gratuidad de los viajes que hagan los menores de 13 años y de los transbordos entre todas las líneas. Los precios del billete de transporte urbano estaban congelados desde 2015.
El Ejecutivo municipal rechazó en diciembre en la Junta de Gobierno Local que aprobó las nuevas tarifas del bus las doce alegaciones presentadas por Tranvías para evitar el descenso del precio de los billetes. Entonces la concesionaria eludió informar sobre si iba a presentar un recurso en los juzgados, medida a la que se acoge ahora para reclamar además la suspensión cautelar de los acuerdos municipales que bajan el precio a 1,20 euros.
En sus alegaciones, Tranvías rechazó el cambio de precios por vulnerar el contrato de concesión de 1986, que, según defiende la empresa, establece la revisión de tarifas "siempre al alza". El Concello se apoyó en un informe que solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre los beneficios de la empresa y la propuesta de reducción tarifaria, que determinó que la concesión debe adaptarse a la normativa europea y evitar que cubra de forma excesiva los gastos de Tranvías.
La concesionaria, que atribuye al pleno y no a la junta de gobierno los acuerdos por las modificaciones de precios, también reclamó que las tarifas propuestas por el Concello fueran aprobadas por la Comisión de Prezos de Galicia, pero la Xunta decidió no pronunciarse, dado que se trataba de una bajada y no de una subida de precios, como suele hacer en sus informes.
La concesión del transporte público ya enfrenta al Concello y a Tranvías en los juzgados a propósito de la fecha a partir de la cual debe contarse el periodo de 30 años en el que deben extinguirse las adjudicaciones a empresas que, como Tranvías, no fueron licitadas públicamente. El juzgado de lo Contencioso-administrativo que lleva el caso ha solicitado al Tribunal de Justicia de la UE que aclare si el contrato ya acabó, como argumenta el Ayuntamiento apoyado en el reglamento europeo de 2009, o si la concesión finalizará en 2024, como figura en el convenio aprobado por el pleno en 1986, según defiende Tranvías.
La intención del Gobierno local de dar por caducada la concesión de Tranvías, que inicialmente debe terminar en 2024, ha quedado seriamente afectada por el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre dos casos similares, referidos a empresas de transportes de las regiones de Toscana y París. El letrado, que proporciona al tribunal su opinión jurídica sobre los asuntos que juzga pero sin que sea vinculante, estima que el reglamento de la UE que fija que las concesiones otorgadas sin concurso público deben considerarse caducadas al cabo de treinta años tiene que aplicarse con este efecto solo desde el 3 de diciembre de 2009.
La indefinición de la norma de la Comisión Europea sobre la fecha de inicio paraliza por tanto la tramitación de este recurso de Tranvías, que se encontraba en fase de dictado de la sentencia, contra el acuerdo tomado por el Concello de 2016 por el que declaró caducada la concesión al estimar que la fecha desde la que deben computarse los 30 años es 1986, cuando el pleno aprobó la firma del convenio con la concesionaria.
