La Compañía de Tranvías argumentó para solicitar la paralización cautelar de la bajada de las tarifas que la medida afecta a su seguridad jurídica, genera "incertidumbre" para tomar decisiones en el futuro y crea un "precedente que afectará a la seguridad jurídica del sector del transporte de viajeros". También señaló el recurso de la empresa que las nuevas tarifas producen "incerteza" sobre las condiciones de la concesión y que los perjuicios económicos tendrían "imposible o difícil reparación" y además repercutirían en el desarrollo del servicio, la organización de la compañía y en sus inversiones.

También apreció que la reducción de los precios deteriorará su imagen corporativa, limitará la contratación de trabajadores y la mejora del convenio colectivo, además de que causará daños a la reputación de la firma, le hará perder oportunidades y adoptar nuevas medidas.

Frente a estas tesis, el Concello replicó que la legislación exige que se pruebe la existencia de los supuestos daños y que Tranvías en este caso "no invoca ningún perjuicio concreto" y que solo se opone a la bajada de tarifas porque reduce sus ingresos, aunque sin haber acreditado que con ese descenso "la explotación del servicio sea inviable". El auto del juzgado advierte por su parte que quien solicita la suspensión cautelar debe "probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren" y que la legislación exige que este tipo de medidas eviten que los recursos presentados pierdan su finalidad y daños graves a los intereses generales o a terceros, circunstancias que finalmente considera que no se producen en este caso.