02 de febrero de 2019
02.02.2019
Un problema histórico que se acerca a su final

Un pacto que evita una bancarrota

El Concello se librará de abonar en indemnizaciones y obras en el inmueble 62 millones de euros, una cantidad que condicionaría su gestión y comprometería las arcas municipales durante años

02.02.2019 | 00:35
Francisco Vázquez y Salvador Fernández Moreda, en 2004.

Si el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acepta finalmente el acuerdo alcanzado entre las partes sobre el destino del edificio que sirvió de sede a Fenosa, el Concello se habrá liberado de una importante amenaza que se cernía sobre sus responsables políticos. El cálculo efectuado en 2013 por técnicos municipales había estimado en 62 millones de euros el coste que tendría la demolición de todas las obras realizadas desde 1997 para la reforma del inmueble, de las que únicamente 1,8 millones corresponderían a los trabajos, ya que el resto sería destinado a compensar a los propietarios de las viviendas y locales comerciales existentes.

Las inversiones previstas por el Gobierno local para este año en su proyecto de presupuestos suman 25 millones de euros, cantidad que ni siquiera llega a la mitad de la compensación que habría que abonar por el derribo del antiguo edificio de Fenosa, lo que da una idea de la repercusión que tendría la obligación de ejecutar la sentencia. El pago de tan importante cantidad comprometería la economía municipal durante varios años, de forma que la gestión de los gobiernos locales también quedaría condicionada por ese hecho.

El Gobierno local contrata todos los años un crédito con una entidad bancaria para disponer de los fondos necesarios para llevar a cabo las inversiones, de forma que no haya que esperar a la recepción de recursos que proceden de la recaudación de los impuestos o las transferencias de otras administraciones. En los últimos años esa operación ha oscilado entre los ocho y los quince millones de euros, pero si fuese necesario indemnizar a los propietarios del edificio que fue sede de Fenosa seguramente habría que recurrir a la solicitud de un crédito que impediría la contratación del destinado a las inversiones.

Ninguno de estos factores fueron tenidos en cuenta cuando los responsables municipales dieron luz verde al proyecto presentado por la inmobiliaria Fadesa, a pesar de que el arquitecto Valentín Souto ya había advertido entonces de que no se ajustaba a la legalidad. El Gobierno local presidido por Francisco Vázquez y en el que Salvador Fernández Moreda era el concejal de Urbanismo no tuvo en cuenta en aquel momento las posibles consecuencias de la autorización de una construcción irregular e incluso las minimizó cuando en 2001 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictaminó que era necesario demoler las obras realizadas en el edificio a partir de 1997.

La ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo en 2006 tampoco modificó la conducta de los responsables de la decisión original, quienes presentaron recurso tras recurso para intentar evitar la ejecución del fallo. La llegada al Gobierno local del Partido Popular, que había mantenido una actitud muy crítica con la gestión socialista de este problema, no supuso un cambio de rumbo, ya que también el equipo de Carlos Negreira trató de impedir el derribo mediante la interposición de recursos.

Pero cuando los tribunales advirtieron de que no era posible prolongar más la ejecución del fallo, el Ejecutivo municipal trató de demostrar que desde el punto de vista técnico no era posible derribar lo construido de forma ilegal en el edificio, para lo que utilizó el testimonio de un arquitecto, Carlos Trabazo, que había trabajado previamente para Fadesa. Cuando esta iniciativa fracasó, se optó por presentar un proyecto de demolición parcial que precisamente se encargó al mismo Trabazo a pesar de que había asegurado ante el Superior de Galicia que no era posible hacerla.

Su trabajo fue entregado al Concello en el otoño de 2015, ya con Marea Atlántica en el Gobierno local. La propuesta tenía un coste de 1,5 millones y un plazo de ejecución de dos años, periodo durante el que se eliminarían todos los torreones, mientras que las cornisas y aleros con más de un metro de vuelo sobre la línea de la fachada serían derribados con esta actuación, algunos ventanales se transformarían en galerías y se realizarían obras en algunas viviendas y espacios comunes para ajustar el edificio a la legalidad.

Pero tampoco esta propuesta recibió el visto bueno del tribunal, por lo que los propietarios del inmueble solicitaron amparo al Constitucional, instancia ante la que el Concello también proyectó recurrir. Pero en octubre de 2018, el Concello puso encima de la mesa iniciar un proceso de mediación para ejecutar la sentencia. La aceptación de esta vía por parte del Superior y las partes dio paso al nombramiento de Pascual Sala, expresidente del Supremo y del Constitucional, como mediador del conflicto, que en principio quedaría solucionado con el acuerdo hecho público el jueves y que debe ser autorizado por el Superior de Galicia.

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