El Concello adjudicó a través de contratos menores obras o servicios por valor de 6,79 millones de euros a lo largo de todo el año pasado. Fueron un total de 3.701 las facturas que abonó el Gobierno local a través de esta fórmula, permitida en gastos que sean inferiores a 40.000 euros, con contadas excepciones que aumentan el rango económico. El último trimestre de 2018 fue en el que mayor inversión se realizó a través de este tipo de contratos, con 3,2 millones de euros de desembolso y con 1.426 recibos pagados, algunos de ellos a nombre de las mismas empresas, autonómicos o fundaciones en varias ocasiones. El siguiente trimestre con mayor inversión y mayor número de facturas fue el segundo, en el que la administración local gastó, entre abril y junio de 2018, un total de 1,7 millones en poco más de un millar de obras o servicios.

Entre octubre y diciembre del ejercicio pasado, en las casi 1.500 facturas, los conceptos de los gastos son muy variados, destacando varios suministros de ropa para funcionarios municipales -calzado para conserjes, de bragas para el cuello de bomberos o guantes para el laboratorio de la Domus-, conciertos de música, espectáculos o cursos o servicios de copistería, diseño gráfico o carteles.

Entre los más costosos de ese trimestre se encuentran ocho que se refieren, en su totalidad, a obras de ingeniería civil. Aceras, pavimentos, aguas pluviales o la reparación de una pasarela son las obras financiadas a través de contratos que oscilan entre los casi 36.000 euros y los 48.400 euros. En la situación contraria se encuentran otras siete facturas cuyo coste no supera los siete euros. Se trata de traslados en taxi a la Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género, gastos en fotocopias o suministros de ferretería. Las carreras de los taxistas son las más costosas, con alrededor de cinco euros, mientras que unos tornillos solo costaron 3,99 euros.

Entre los titulares de las facturas abonadas en el último trimestre del año pasado, se cuentan profesionales autónomos, empresas de gran tamaño, pequeños comercios locales, fundaciones o federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

El Gobierno local adjudicó durante 2017 un total de 11,8 millones de euros a 1.612 proveedores, pero la cifra no es comparable a la global del año pasado, ya que la normativa que rige este tipo de contratos fue modificada en marzo de 2018. La ley estatal bajó de 50.000 a 40.000 euros el máximo permitido para realizar estos encargos, con o sin publicidad, aunque mantuvo ciertas excepciones, con el objetivo de favorecer la competencia y la transparencia de las administraciones en su relación con empresas privadas. Esta legislación también obligó a todos los Ayuntamientos a publicar un informe trimestral con las facturas menores abonadas en la Plataforma de Contratación del Estado.