El presupuesto sale de la Comisión de Facenda como entró, sin apoyos para ser aprobado. Irá el próximo lunes a pleno, donde los grupos escenificarán su posición a tres meses de las elecciones. La oposición propone la aprobación pactada de un cambio de presupuesto para incluir las ayudas a las entidades locales, que no se pueden repetir en el presupuesto prorrogado. El Gobierno local de A Coruña replica que, sin presupuesto, antes de poder financiar los convenios, hay una serie de gastos obligatorios que se han de cubrir y que están en el proyecto de cuentas de 2019 que rechazan. Suman, según sus cálculos, entre ocho y diez millones de euros, y recogen todas las actualizaciones salariales para los funcionarios que hay que activar, la indemnización para evitar el derribo de edificio Fenosa o la aportación municipal a las actuaciones de los fondos DUSI para no poner en peligro las ayudas europeas.

Con el documento de este año sin aprobar y sin apoyos para hacerlo, el presupuesto de 2018 tuvo que ser prorrogado. Esto permite gastos para mantener el funcionamiento del Concello pero impide plantear nuevas inversiones y renovar los convenios con las entidades que dependen de ellos. El Gobierno local lo llevará al próximo pleno ordinario, el lunes. Ayer los grupos se reunieron en la Comisión de Facenda previa sin que hubiese ningún acercamiento al respecto, después de que el PSOE, que el pasado año dio su apoyo a las cuentas, haya dicho que no respaldará las de 2019PSOE. Solo Marea apoyó las cuentas. El BNG se abstuvo y PP y PSOE votaron en contra.

Los socialistas plantean una modificación de crédito -un cambio en el presupuesto donde se traslada dinero de unas partidas no ejecutadas para otros fines- para sacar adelante los convenios pero el Gobierno local replica que, sin los presupuestos aprobados, hay cuestiones perentorias que se han de aprobar antes obligatoriamente.

De los 10 millones que hacen falta según las estimaciones del Gobierno de Marea, 3,1 son para el capítulo de personal. El Gobierno central llegó a un acuerdo con los sindicatos el pasado año que permite aplicar un incremento salarial al personal municipal de un máximo de 2,75%, este aumento tiene que ser costeado por el Concello y suma 1,7 millones de euros. Por otro lado, la aprobación por parte del Ejecutivo central del adelanto de la jubilación anticipada de la Policía Local, lleva asociado que el Concello tengan que compensarlo con un aumento de la cotización a la Seguridad Social de este cuerpo, para lo que hay que reservar 1,05 millones que tampoco recoge el presupuesto prorrogado.

El Ejecutivo añade que tiene que reservar 116.942 euros, por el aumento de las bases máximas de cotización al 7%, lo que afecta a 120 trabajadores municipales. A esto añaden 94.325 por la actualización de los trienios y 169.824 que estaban reservados en el presupuesto de 2019 para reponer personal (un 8% en el caso de la administración y un 15% para la Policía Local).

Entre las partidas obligatorias enumeradas a la oposición, estarían 2,9 millones de euros necesarios para la compensación por el edificio Fenosa que, en el caso de que el Tribunal Superior diese su visto bueno al acuerdo de mediación, evitaría el derribo e indemnizaciones a sus propietarios que podrían alcanzar los 60 millones para las arcas municipales, lo que pondría al Concello al borde de la bancarrota.

Otro de los capítulos que habría que incorporar, según el Ejecutivo, son aportaciones municipales a las ayudas de otras administraciones, principalmente a la Unión Europea a través de los fondos DUSI. Este tipo de ayudas costean solo una parte de las actuaciones subvencionadas y es obligatorio que el Concello aporte otro porcentaje. La inversión sumaría así 1,3 millones para los fondos europeos, además de 188.000 euros para obras en colaboración con la Diputación.

La concejala de Facenda, Eugenia Vieito, mencionó que, según el criterio del Gobierno municipal, habría que facilitar en una modificación del presupuesto la encomienda de dos millones a Emvsa para empezar con la piscina de O Castrillón, que terminará el mandato vacío, y otros 2,1 millones para las actuaciones elegidas por los vecinos dentro de los presupuestos participativos.

Vieito manifestó, en una nota enviada tras la Comisión de Facenda, que el rechazo "pone en riesgo la ejecución de distintas partidas para personal". Indica que el crédito del presupuesto prorrogado "es insuficiente para poder hacer frente a distintos gastos recogidos en el capítulo 1 de la cuentas y que, no obstante, son de obligado cumplimiento por ley". Son subidas salariales y de cotización, recuerda, que han llegado del Gobierno central, "con Pedro Sánchez a la cabeza, que aprobó las medidas el pasado diciembre".