El pleito por la licencia ilegal del edificio Fenosa se cierra tras 21 años de litigio. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha aceptado el acuerdo alcanzado entre las partes durante la mediación intrajudicial dirigida por el abogado Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Ayuntamiento. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior, reunida esta mañana en pleno, ha homologado por mayoría el acuerdo para la ejecución de sentencia. Diez miembros de la sala aceptaron el acuerdo presentado y cuatro anunciaron un voto particular en contra. Esas posiciones se concretarán en el auto que plasme la resolución judicial de hoy.

El Concello, la comunidad de propietarios y el denunciante de las irregularidades cometidas en la construcción de edificio Fenosa en 1997 acordaron una fórmula para ejecutar la sentencia mediante la "substitución de la ejecución in natura por una serie de medida de diverso alcande", según informó el Ayuntamiento. El expresidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Pascual Sala, del despacho de abogados Roca Junyent, fue el encargado de conducir la mediación intrajudicial.

Entre las medidas adelantadas por el Concello la pasada semana están el reconocimiento público de responsabilidad de la Corporación municipal en las ilegalidades cometidas durante el mandato de Francisco Vázquez; la adopción de un protocolo de buenas prácticas urbanísticas; la construcción por parte del Concello de un edificio de unas 50 viviendas de protección oficial en el parque ofimático a propuesta del recurrente y en concepto de su renuncia a exigir la íntegra compensación que considera que le correspondería; y el reconocimiento de una indemnización por los daños personales de índole moral causados durante más de 21 años, cifrada por el Concello en unos 2,9 millones de euros.

Con la homologación judicial por parte del TSXG, el acuerdo resuelve el modo en que debe de ejecutarse la sentencia del Alto tribunal gallego que desde 2001, y ratificada por el Tribunal Supremo en 2006, ordena restituir el inmueble a su estado previo a la reforma ilegal realizada en 1997.

De esta form, se evitará el coste público que supondría el derribo del edificio, estimado en alrededor de 60 millones de euros, así como la reconstrucción de la antigua sede de Fenosa, cuya legalidad estaría también comprometida al no ajustarse al planeamiento vigente.

Además de constatar que los acuerdos no son contrarios al ordenamiento jurídico, ni lesivos para el interés general o los derechos de terceros, el tribunal ha tenido en cuenta para homologar el convenio las singularidades de este caso concreto, por lo que no es extrapolable de forma directa a otras situaciones de derribo. La Sala recuerda que desde el año 1997, cuando se presentó la demanda con Francisco Vázquez al frente del Gobierno municipal, no se han personado en la causa más partes que las que suscriben la petición de homologación, por lo que dado el amplio conocimiento público del asunto y el tiempo transcurrido, cualquier nueva petición relacionada con el caso habrá de entenderse, en principio, como un abuso de derecho.