09 de febrero de 2019
09.02.2019
Valentín Souto Denunciante de la obra ilegal del edificio Fenosa Solución a un problema urbanístico histórico El denunciante y los propietarios del edificio

"Se nos demonizó sin ser los culpables de cometer la ilegalidad, sino por denunciarla"

"El importe de la indemnización lo determina objetivamente la aplicación de la ley de expropiación forzosa según una propuesta objetiva hecha por el mediador"

09.02.2019 | 00:56
Valentín Souto, en un debate en el Sporting Club Casino en 2017.

"No es lo mismo contarlo que vivirlo". De esta forma, Valentín Souto, arquitecto denunciante de las irregularidades cometidas en la reforma de la antigua sede de Fenosa, marca la diferencia entre sentir en su propia carne los "avatares" del largo proceso judicial al que la mediación intrajudicial ha puesto fin este mes y seguir el curso de los mismos desde posiciones externas. En estos 21 años de conflicto urbanístico y judicial, de viajes y citas canceladas, continuos trámites jurídicos y daños en la salud, lamenta el demandante que su persona haya sido "demonizada" por haber hecho ver la comisión de una ilegalidad. Ahora, desde la "liberación" que supone el acuerdo aceptado esta semana por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el arquitecto insiste, con alivio, en que toca "pasar página" y "planificar la vida".

"La solución adoptada es la mejor de las posibles. Nuestro planteamiento inicial era que se modificase con carácter general, para todo el país, la jurisdicción contencioso-administrativa que regula los procedimientos de protección de la legalidad urbanística frente a las actuaciones de los ayuntamientos. Pero esto es competencia de las Cortes y el Estado no ha sido ninguna de las partes del proceso. Por eso nos contentamos con que se garantice que en el futuro no se vaya a repetir algo igual en A Coruña a través de la aprobación de un protocolo, no un catálogo, de buenas prácticas urbanísticas", recalca Souto.

Tan relevante como este punto del acuerdo es para el denunciante el reconocimiento público de la responsabilidad que tuvo la Corporación municipal durante el mandato de Francisco Vázquez que aprobó la concesión de una licencia ilegal a la constructora Fadesa para desarrollar la obra en el inmueble de la calle Fernando Macías. "No se puede pasar de puntillas sobre este asunto. Unos por acción antes mismo de que empezaran las obras y otros por tomar medidas dilatorias en los sucesivos gobiernos son responsables del largo procedimiento. Estoy aburrido de decir que con las dilaciones se esperaba a que nos muriésemos, nos arruinásemos o las dificultades de la vida nos impidiesen continuar con la denuncia de la ilegalidad", insiste.

La Corporación actual que representa hoy al Ayuntamiento tendría que convocar una comparecencia pública para admitir esa responsabilidad urbanística de un Ejecutivo anterior, del PSOE, en la obra del edificio Fenosa, avanza Souto según el acuerdo alcanzado en la mediación.

El arquitecto, a propósito del proceso intrajudicial que ha resuelto el largo litigio, contrasta las incomodidades que ha tenido que pasar en estas dos últimas décadas con el clima de concordia y "empatía" vivido durante las jornadas en que se desarrolló la mediación dirigida por el jurista Pascual Sala. Porque mientras él reclamaba justicia enfrente tenía la oposición de una parte de los propietarios del edificio. "No voy a juzgar a todos los dueños, que forman un grupo heterogéneo, basándome en cómo son dos o tres. Nosotros no teníamos nada en su contra porque ni siquiera se había puesto un ladrillo de la reforma ni se había vendido un piso cuando denunciamos la irregularidad. Luego ellos se interpusieron en el contencioso y actuaron como parte codemandada haciendo un frente común con el Ayuntamiento y Fadesa. Lo que me duele es que en todo este tiempo se nos demonizó como si fuésemos los culpables de cometer una ilegalidad, cuando el culpable es quien la comete, no quien la denuncia, que fue lo que hicimos. Y en una sociedad democrática hemos tenido que responder a ello todos estos años", resalta Souto.

La mediación limó asperezas, rebajó la tensión y, añade, creó un clima que favoreció la solución del conflicto: "Nos dijimos las cosas a la cara y nos pusimos en los zapatos del otro, amparados por la confidencialidad. Actuamos con empatía y debo dar las gracias por el talante y la actitud a las otras partes, que nos dijimos todas las amarguras durante 21 años y ahora, con la mediación de por medio, hicimos un esfuerzo por comprender a los demás".

Los 2,9 millones de euros que Souto percibirá como indemnización por daños morales y los costes asumidos por el procedimiento judicial son otro punto del acuerdo. El denunciante quiere desviar la atención hacia este asunto y subraya que el montante de lo que recibirá "ha sido determinado objetivamente por la aplicación supletoria de la ley de expropiación forzosa según una propuesta objetiva del mediador", que se debatió y aprobó durante la mediación.

Trámites continuos relacionados con el litigio han causado no pocos quebraderos en el ánimo de Souto en 21 años, reconoce. "Citas canceladas, viajes reservados anulados... todo por cumplir con los plazos del proceso para evitar que se cerrase y se cumplieran las sentencias firmes", recuerda. Dolencias físicas y pérdidas familiares completaron esta larga travesía por los sinuosos caminos de la justicia.

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