De haber rechazado el Tribunal Superior de Galicia el acuerdo de la mediación que ha puesto fin al largo litigio por la ilegalidad de la reforma del edificio Fenosa, la demolición y reconstrucción a la que se hubiera visto abocado el inmueble por la ejecución material de la sentencia firme de derribo de 2001 habría causado al Ayuntamiento un impacto económico de 60 millones de euros. Ese coste habría dejado al Concello con su capacidad presupuestaria limitada, a lo que tendría que hacer frente con medidas que repercutirían en la economía de los propios ciudadanos o en los servicios que se les prestan. Una de las pocas salidas a las que se hubiera acogido, analizada por los servicios municipales y recogida en el acta final del acuerdo, sería el aumento de ingresos con la modificación de los tributos locales, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se habría aumentado en más del doble para cada contribuyente.

Según fuentes conocedoras del acuerdo de la mediación, este cambio en la tributación hubiera supuesto uno de los posibles recursos a los que habría tenido que echar mano el Concello para paliar el alto coste de la ejecución de la sentencia; el otro sería la reducción de servicios que no son de prestación obligatoria y por tanto son prescindibles, como la rehabilitación y conservación de edificios o la aportación que la administración local hace al transporte público para que los usuarios puedan utilizar cada año las distintas modalidades de bonobús.

La promoción de la cultura a través del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), el Consorcio de la Música o los Museos Científicos; el fomento del turismo; la gestión de las bibliotecas municipales, de los mercados y de las escuelas infantiles; así como la promoción del empleo, también se habrían visto afectadas por una reducción de servicios, de acuerdo con las estimaciones hechas por los departamentos municipales.

Con una u otras medidas, el Ayuntamiento, a costa de mermar actividades y servicios o de imponer mayor presión fiscal a los contribuyentes, obtendría unos ingresos que no cubrirían la totalidad del coste económico de derribar y devolver el edificio Fenosa al estado en que estaba antes de la reforma ilegal de 1997. De los 60 millones de euros estimados que costaría la ejecución de la sentencia, se cubrirían unos 35 millones con la aplicación de una de estas medidas.

El Concello tendrá que desembolsar también 2,9 millones de euros en concepto de indemnización por daños morales durante el desarrollo del proceso judicial al denunciante de la reforma del edificio, permitida por el Ejecutivo de Francisco Vázquez al conceder una licencia ilegal. El montante de la compensación, según explicó el demandante a este periódico, fue "propuesto por el mediador con la determinación objetiva de la aplicación supletoria de la ley de expropiación forzosa".

El Ayuntamiento indemnizará además con hasta 12.000 euros por daños y perjuicios a aquellos propietarios del inmueble de la calle Fernando Macías que renuncien a reclamar judicialmente responsabilidades patrimoniales al Concello por la autorización ilegal de las obras de hace 21 años. Tal acuerdo sería de adscripción voluntaria, según fuentes que lo conocen.