El Concello comunicó el pasado viernes al colectivo Proxecto Cárcere que no continuará gestionando la antigua prisión provincial debido a que decidió no prorrogar el convenio que mantenía con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que concluía el pasado 15 de enero. El Gobierno local había informado el 26 de ese mes que había solicitado la continuidad de la cesión del penal durante un año más, como preveía el acuerdo por el que se autorizó su uso por dos años y que negociaba con la SIEP unas nuevas condiciones.
Esta decisión, que fue confirmada por fuentes municipales, se produce cuando la antigua prisión se haya sin actividad desde el pasado 22 de diciembre, puesto que Proxecto Cárcere optó por interrumpirla de forma temporal tras la negativa municipal a autorizar el programa de iniciativas que había elaborado para ese mes.
El Gobierno local argumentó que la entidad debía presentar más documentación de la que había aportado, aunque a este problema se añadió la prohibición de que se emplee la pasarela de madera instalada en el recinto, orden emitida por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, que entiende que esa infraestructura tiene por finalidad la realización de actividades socioculturales en el edificio para los que no da su permiso.
Tras todas estas decisiones se halla la citación a la concejal de Participación, Claudia Delso, para que preste declaración el 1 de marzo en el Juzgado de Instrucción número 8 como investigada por un supuesto delito de prevaricación administrativa al adjudicar la gestión del edificio, una cesión de usos sin ánimo de lucro, a Proxecto Cárcere.
Esa decisión fue adoptada tras presentar la Fiscalía provincial en octubre una denuncia en la que aprecia indicios de “prevalencia del interés” de otorgar el contrato a ese colectivo “por encima del cumplimiento estricto de la legalidad”.
La iniciativa para que este asunto llegase a los tribunales partió del Partido Popular, que presentó una denuncia en la Fiscalía el pasado verano al estimar que el concurso convocado por el Concello había sido “predeterminado” para que la adjudicación fuese a Proxecto Cárcere.
