11 de febrero de 2019
11.02.2019

El Concello renuncia a la cesión de la antigua cárcel por su mal estado y las trabas de la Xunta

Proxecto Cárcere fue informado el viernes de que no podrá continuar en el edificio - El Gobierno local recurre la prohibición de Patrimonio de realizar actividades culturales en el viejo penal

11.02.2019 | 00:46
Público en la antigua prisión en su reapertura por Proxecto Cárcere el pasado 4 de agosto.

El Concello comunicó el pasado viernes al colectivo Proxecto Cárcere que no continuará gestionando la antigua prisión provincial debido a que decidió no prorrogar el convenio que mantenía con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que concluía el pasado 15 de enero. El Gobierno local había informado el 26 de ese mes que había solicitado la continuidad de la cesión del penal durante un año más, como preveía el acuerdo por el que se autorizó su uso por dos años y que negociaba con la SIEP unas nuevas condiciones.

Pero el día 31 el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, envió una carta a los responsables de la SIEP en la que les comunicó que no se pediría la prórroga "dado el deficiente estado del edificio, mucho más deteriorado de lo que preveíamos por la falta de atención de las últimas décadas". Según detalló Varela, "no resulta viable instar prórroga alguna" porque con las condiciones del convenio existente el Concello asegura no poder "abordar de manera satisfactoria las necesidades del edificio para, cuando menos, paliar su deterioro".

En la carta, el edil recuerda al organismo estatal que la conservación de la cárcel depende ahora de él y añade que la "prioridad absoluta" para el Concello es "evitar el deterioro del edificio" mientras no se resuelva el litigio que mantiene con la Administración central sobre su propiedad. También señala Varela que el Ayuntamiento está dispuesto a "alcanzar fórmulas de colaboración que permitan la recuperación y puesta en valor" del inmueble.

Tras desvelar ayer Proxecto Cárcere que no podrá seguir en la prisión, Xiao Varela aseguró que negocia con el Ministerio del Interior "desde hace meses" un nuevo convenio, pero que ese departamento "no está facilitando soluciones", por lo que ahora debe hacerse cargo de la restauración del edificio o permitir que lo haga el Concello.

Aunque no lo menciona en su comunicación a la SIEP, otra de las razones esgrimidas por el Gobierno local para renunciar a la cesión de la cárcel es la negativa de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta a autorizar los usos socioculturales en el edificio, a raíz de la consulta que efectuó el Gobierno local sobre la pasarela instalada por Proxecto Cárcere en el inmueble para facilitar su accesibilidad, a la que también se opuso. El Concello decidió recurrir esa resolución autonómica al entender que la clasificación urbanística de la antigua cárcel como equipamiento hace posible la realización de actividades socioculturales en su interior de forma esporádica.

Esta decisión se produce cuando la antigua prisión se haya sin actividad desde el pasado 22 de diciembre, puesto que Proxecto Cárcere optó por interrumpirla de forma temporal tras la negativa municipal a autorizar el programa de iniciativas que había elaborado para ese mes. El Gobierno local argumentó que la entidad debía presentar más documentación de la que había aportado.

El telón de fondo de esta situación es la citación cursada por el Juzgado de Instrucción número 8 a la concejal de Participación, Claudia Delso, para que declare el próximo 1 de marzo como investigada por un supuesto delito de prevaricación administrativa al adjudicar a Proxecto Cárcere la gestión de la vieja prisión mediante una cesión de usos sin ánimo de lucro.

El juzgado tomó la decisión tras la presentación por la Fiscalía provincial en octubre de una denuncia en la que apreció indicios de "prevalencia del interés" de otorgar el contrato a al colectivo "por encima del cumplimiento estricto de la legalidad".

El Partido Popular llevó este caso el pasado verano a los tribunales a través de una denuncia en la Fiscalía en la que afirmó que el concurso municipal había sido "predeterminado" para que Proxecto Cárcere recibiera la adjudicación. La portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, prestó declaración en el juzgado en diciembre y nuevamente argumentó que se había dado trato de favor a la entidad ganadora del concurso.

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