Proxecto Cárcere denuncia los continuos obstáculos burocráticos que padeció para usar el inmueble

Proxecto Cárcere reaccionó ayer al anuncio de que no podrá seguir en la prisión recordando los numerosos problemas burocráticos que padeció desde el mismo momento en que el Concello recibió el edificio en enero de 2017, ya que hasta agosto de 2018 no fue posible el inicio de las actividades. Antes de que comenzaran, se indicó al colectivo que solo debía presentar una comunicación previa, pero cuando entregó la primera se les cobró una tasa de cien euros pese a que es una entidad sin ánimo de lucro y no recibe ningún dinero por usar la cárcel. La segunda comunicación también tuvo ese coste y además rechazó varias actividades pese a que eran del mismo tipo que el resto. La falta de acuerdo entre los funcionarios sobre la fórmula correcta de solicitar las autorizaciones sumió en la confusión a Proxecto Cárcere, que denuncia la "falta de coordinación" para dar una respuesta definitiva y la "falta de voluntad del Concello para asumir su responsabilidad", ya que además de no colaborar para resolver el problema "abrió un expediente de revocación del contrato por no haber cumplido con las obligaciones de comunicación previa".