El Concello propuso a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del Ministerio del Interior, que le ceda de forma indefinida el uso de la antigua prisión o que le reconozca la titularidad del edificio hasta que haya una sentencia judicial sobre el pleito que mantienen ambas partes acerca de la propiedad del mismo. El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, aseguró ayer que se efectuó esta propuesta días antes de renunciara a prorrogar durante este año el convenio mediante el que la vieja cárcel era gestionada por la administración municipal, lo que supondrá la salida del inmueble del colectivo Proxecto Cárcere.

Varela informó de que solicitará a la SIEP una entrevista urgente para abordar este problema y achacó la decisión de no mantener el uso de la cárcel a su grave deterioro, a pesar de que solo cinco días antes de presentar la renuncia, el Gobierno local informó de que había solicitado la prórroga. Según el concejal, los 300.000 euros para obras en el edificio que figuraban en el convenio entre la SIEP y el Concello son insuficientes para resolver los problemas que padece, ya que solo la reparación de los muros y cubiertas tendría un coste de trece millones.

Al no ser el propietario de la cárcel, el Concello no puede por ley hacerse cargo de las inversiones necesarias para rehabilitarla, destacó, pero la continuidad del convenio le obligaría a dedicar los fondos necesarios para su conservación mientras esté vigente.

A pesar de que la conclusión del convenio supone ahora el fin de las actividades en el recinto, Varela manifestó que el Gobierno local trabajará para que sea un "espacio ciudadano seguro, accesible y con todas las garantías". "Para nada supone que renunciemos a la cárcel", dijo el edil sobre esta decisión, que trató de justificar diciendo que "muchas otras administraciones llevan mucho tiempo poniendo obstáculos".

La portavoz municipal del Partido Popular, Rosa Gallego, acusó ayer al Gobierno local de "tirar el dinero" por invertir en la reforma de la cárcel para decidir renunciar a su cesión al cabo de seis meses de presencia en la misma de Proxecto Cárcere. En su opinión, la negativa de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta a que se realicen actividades en el edificio es utilizada por el Concello como "excusa" para justificar el cierre, ya que ese organismo advierte de que para que se hagan iniciativas socioculturales de forma permanente debe solicitarse un cambio de uso del inmueble.

También destacó Gallego que las únicas obras autorizadas en la cárcel fueron las destinadas a garantizar su seguridad y que Patrimonio exige un proyecto para llevar a cabo otras de mayor calado, como las de las cubiertas. Según ella, la razón de la renuncia a la cesión es la investigación judicial a la concejal Claudia Delso por la adjudicación del concurso a Proxecto Cárcere y el temor a que otro edil también pueda ser investigado. La portavoz del PP afirmó que lo prioritario es recuperar el edificio a través del proceso judicial y rehabilitarlo para luego darle uso.

La candidata del PSOE a la Alcaldía, Inés Rey, espera que tras las elecciones municipales su partido pueda renegociar el convenio desde el Gobierno local porque considera que Marea "desiste" de hacerlo, mientras que la portavoz del BNG, Avia Veira, calificó de "vergonzoso" el convenio municipal con la SIEP por obligar al Concello a encargarse del mantenimiento de la cárcel, cuya rehabilitación exigió al organismo estatal.