La Fiscalía Provincial ha archivado, sin presentar querella, las diligencias de investigación abiertas tras la denuncia del Partido Popular por la compra de vivienda para alquiler social del Ayuntamiento. El Ministerio público cierra su investigación por falta de "trascendencia penal" en las "deficiencias denunciadas" por los populares, a los que su demanda les regresa como un bumerán. Al mismo tiempo que archiva esta investigación, la Fiscalía anuncia la apertura de otra relacionada con el acuerdo del Gobierno local de Carlos Negreira de autorizar el cambio de uso, de local a vivienda, del piso contiguo a uno denunciado por el PP. La portavoz municipal popular, Rosa Gallego, señaló anoche que esto no implica una investigación a la actuación del Gobierno local del PP, sino a la documentación presentada por el propietario de ese piso para solicitar su cambio de uso, sobre la que el Concello resolvió.

El PP dirigía su denuncia contra los ediles de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y de Contratación, Alberto Lema, por la compra, en concurso público, de dos viviendas propiedad de un firmante del manifiesto fundacional de Marea Atlántica. También la extendía al alcalde y al resto de miembros del Ejecutivo local que intervinieron en el proceso. A juicio del PP, los pisos incumplían las bases del concurso, como ha determinado el Consello Consultivo de Galicia. El Ayuntamiento, tras ese dictamen, revisa de oficio estas dos compras, por las que abonó 145.865 euros, y otras tres de las seis realizadas en la convocatoria.

La Fiscalía concluye que no existe "ningún dato del que pueda derivarse connivencia de los componentes" de la comisión de valoración del concurso, todos funcionarios, con los concejales denunciados. A su juicio, no hay constancia de que los funcionarios "pudieran haber sido influidos por los denunciados ni mediatizados por las afinidades políticas del ofertante al Gobierno local". Los miembros de la comisión así lo habían declarado en un escrito dirigido al alcalde hace un año.

La Fiscalía concluye que la actuación de los concejales no arroja "una patente contradicción o contrariedad con el ordenamiento jurídico". Tampoco la "ausencia de un control del cumplimiento de los requisitos" del concurso, que aprecia la Fiscalía, tiene "repercusión penal alguna", aún cuando la comisión tenía entre sus funciones la verificación de que las ofertas cumplían las condiciones técnicas y urbanísticas. Ni la tiene "la falsedad ideológica" de los licitadores en los datos que reflejaron en sus ofertas, es decir, los documentos presentados eran verdaderos pero el contenido o parte era falso.

El fiscal constató que uno de los " defectos" denunciados por el PP -que se aceptase un piso del firmante del manifiesto de Marea que tenía licencia de oficina- "ha estado presente en todos los informes técnicos emitidos en el expediente". También en las reuniones de la comisión. En una investigación posterior, tras las denuncias de la oposición por irregularidades en el concurso de vivienda, el Ayuntamiento comprobó que el local, utilizado en la práctica como piso, no podía beneficiarse de un cambio de uso porque tenía tres centímetros menos de altura que el mínimo que marca la ley para una vivienda, 2,5 metros.

Para la comisión, remarca el fiscal, "resultó trascendente" para aceptar inicialmente esta oferta que al piso "colindante de la misma planta [cuarta] se le había concedido el cambio de uso unos años antes", en 2011, cuando gobernaba el PP. En su investigación, el Ministerio público solicitó al Ayuntamiento documentación sobre el concurso y sobre el cambio de uso de local a vivienda autorizado por el PP en 2011 bajo la premisa de que la propiedad tenía 2,5 metros de altura. El fiscal cree "necesario examinar en unas nuevas diligencias de investigación la reseña de la altura del inmueble contiguo al investigado en el proyecto de cambio de uso" presentado por el arquitecto en 2011, informó el Ministerio público. Para ello, solicitará más documentación del expediente al Concello y avanza que, al igual que "la ausencia de control del cumplimiento de los requisitos" en el concurso municipal, "la licencia de cambio de uso del piso colindante", otorgada en 2011, no "tiene repercusión legal alguna".

La Fiscalía resalta "el peso" de que el firmante del manifiesto de la Marea recibió igual trato que el resto de licitadores. "Algunos defectos atribuidos a los dos inmuebles objeto de la denuncia fueron debatidos y admitidos como subsanables por la Comisión al afectar a un alto porcentaje de los inmuebles ofertados en el concurso, lo que dio lugar, después de los dictámenes del Consultivo, a la apertura de expedientes de revisión de tres pisos más de propietarios en los que no consta que concurrieran las circunstancias de afinidad que se atribuyen al titular de los dos inmuebles objeto de la denuncia".

El fiscal señala que la decisión del Gobierno local de incoar los expedientes de revisión minutos antes de que se aprobaran en el pleno extraordinario forzado por el PP y las tres juntas de gobierno celebradas para la revisión de oficio del concurso "parecen responder a un atropellado intento de reparación que no puede calificarse de absolutamente contrario al ordenamiento jurídico".

El punto "más cuestionable", según el fiscal, es que el alcalde no convocase el pleno extraordinario solicitado por el PP, en una actitud que califica de "renuente, oscurantista y pasiva". Sin embargo, la Fiscalía apunta que "tal omisión carece de trascendencia penal" porque la sesión sí llegó a celebrarse, convocada por el secretario general del Pleno, tal como dicta el reglamento orgánico municipal en los casos en que no los convoque el regidor.