El protocolo establece que el informe jurídico para dirimir responsabilidades debe señalar a las personas que pudieron ser culpables. El Gobierno de Carlos Negreira llegó a completar una instrucción sobre la recalificación de terrenos expropiados durante el vazquismo en Someso. Generó indemnizaciones de 20 millones. El PP envió la instrucción a la Fiscalía pero esta rechazó el informe por no denunciar ningún delito ni señalar a nadie. Respondió al Ejecutivo en febrero de 2013 que podría presentar ante el juzgado la tramitación del desarrollo pero que el órgano no está para "dar el visto bueno a ningún informe municipal". El actual Ejecutivo ha afirmado que está trabajando para dilucidar responsabilidades, pero aún no ha dado pasos al respecto.
