22 de febrero de 2019
22.02.2019

El Concello recurrirá el fallo judicial que autoriza el derribo del edificio Citroën

Los propietarios consiguieron una licencia de demolición por silencio administrativo mientras se tramitaba la inclusión del inmueble en el catálogo del patrimonio

22.02.2019 | 00:46
Edificio del antiguo concesionario de Citroën, en el cruce de avenida de Oza y ronda de Outeiro.

PROCESO DEL EDIFICIO CITROËN

  • Primera licencia Los propietarios presentan en 2012 la solicitud para derribar el edificio y piden que se le retire la protección estructural en el nuevo plan general
  • Concesión En septiembre de 2013, tras aprobar el PP en el nuevo plan general la retirada de la protección, se otorga el permiso para la demolición del inmueble
  • Petición de protección La entidad vecinal de A Gaiteira - Os Castros reclama en agosto de 2015 que el edificio vuelva a formar parte del catálogo patrimonial coruñés
  • Caducidad El 6 de mayo de 2016 la licencia de derribo se declara caducada, pero solo seis días más tarde los propietarios solicitan al Concello otra para demolerlo
  • Tramitación El Concello gestiona al mismo tiempo la licencia de derribo y la protección del edificio, pero la primera queda concecida por silencio administrativo al cado de solo tres meses
  • Recurso El Concello rechaza la demolición al entender que la suspensión de licencias aprobada en diciembre de 2016 la impide. Los dueños recurren en el juzgado y ganan el pleito

El Concello anunció ayer que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 que permite a los propietarios del antiguo edificio Citroën de la avenida de Oza derribarlo al admitir el recurso que presentaron contra la desestimación de la licencia que habían solicitado al haberse iniciado el procedimiento para incluirlo en el catálogo de edificios protegidos. La sentencia detalla que el Concello inició ese proceso en diciembre de 2016, cuatro meses después que la licencia tuviera que considerarse concedida por silencio administrativo.

La jueza reconoce que el inmueble merece protección, como señalan los informes técnicos expuestos por el Concello, pero que no es posible denegar la licencia con carácter retroactivo. El edificio, construido en 1966 bajo la dirección de Andrés Fernández-Albalat, contaba con protección estructural en la aprobación inicial del actual plan general de la ciudad, pero tras el cierre del concesionario en 2012 los propietarios solicitaron en una alegación que se le retirara.

El redactor del nuevo plan urbanístico, Joan Busquets, rechazó esa posibilidad, que sí fue aceptada por el Gobierno local del PP en la aprobación definitiva del documento en 2013. Los dueños pidieron en 2012 una primera licencia de derribo que se concedió en septiembre de 2013 y la asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros solicitó en octubre de 2015 que se devolviese la protección al inmueble.

La licencia fue declarada caducada en mayo de 2016 por el Gobierno local de Marea Atlántica, pero seis días después los propietarios solicitaron otra. Aunque el Concello elaboró informes sobre la protección del edificio durante ese año, cuando finalmente se aprobó la suspensión de licencias para su inclusión en el catálogo, la licencia de derribo ya llevaba cuatro meses aprobada de acuerdo con la legislación. Para ello contaba con informes municipales favorables en los que no se hacía ninguna mención a las gestiones que también se efectuaban para que fuese protegido, lo que lleva a la jueza a afirmar que el Concello que "parece pretender proteger y demoler simultáneamente el edificio".

Ante la negativa del Gobierno local a considerar concedida la licencia, los dueños presentaron un recurso en noviembre de 2017 que el juzgado admitió porque estimó que el Concello "ahora pretende apartarse de lo manifestado" e impide "de manera indebida e ilegítima que sus mandantes ejerciten sus legítimos derechos respecto al edificio de su propiedad".

Durante el juicio, el Concello reconoció que la licencia de demolición fue concedida de forma correcta, pero argumentó que la suspensión de licencias aprobada posteriormente la invalidaba, aunque la jueza manifiesta que esa orden no puede aplicarse a actuaciones ocurridas anteriormente.

En la sentencia se menciona que "la única oposición" a la concesión de la licencia de demolición fue un informe del Oficial Mayor del Concello del 14 de diciembre de 2016 que apreció la contradicción que suponía con el intento de proteger el inmueble. Pero la jueza considera que ese documento no puede invalidar el permiso para el derribo porque los motivos que expone "ni siquiera constituyen causa para la denegación de la licencia", sino que "pretenden justificar, a través de un análisis superficial, la no concesión".

El fallo judicial recuerda que la jurisprudencia exige que la Administración motive adecuadamente la denegación de una licencia, mientras que en este caso se hace "en virtud de meras especulaciones que en modo alguno se adecúan con la realidad".

Tras conocerse la sentencia, el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, declaró que el Gobierno local "pretende recuperar el estatus de edificio catalogado" del edificio para impedir su desaparición y de la de "parte de la memoria industrial de la ciudad" y recordó que el Gobierno del Partido Popular retiró la protección al inmueble. Varela acusó a esta formación de "desproteger el patrimonio de la ciudad en favor de la especulación" incluso hoy en día al poner "obstáculos" a la ampliación del catálogo y realizar "campañas" en contra de esa medida, aprobada inicialmente por el pleno el pasado mes de noviembre con la incorporación de este edificio.

Para la candidata del PSOE a la Alcaldía, Inés Rey, la gestión del Gobierno local en este casi es "desastrosa" por tramitar al mismo tiempo la licencia de derribo y la protección del inmueble, lo que califica de "ineficacia", por lo que propone recurrir la sentencia que autoriza la demolición. "Fue una actuación irresponsable anunciar qué edificios pensaban incluirse dentro del nuevo catálogo sin haber iniciado los trámites pertinentes, una actuación que responde a la línea habitual de Marea, que anuncia proyectos sin tenerlos iniciados", reprochó Rey, quien considera que el inmueble "desaparecerá tras un cúmulo de contradicciones", como destaca la sentencia.

Pero la candidata socialista también afea al Partido Popular su "falta de interés" por el patrimonio de la ciudad por retirarlo al edificio del catálogo municipal "de forma oscura y nada razonada". En su opinión, la inclusión del antiguo concesionario de automóviles de nuevo en ese documento urbanístico que aprobó el pleno municipal aprobada hace unas semanas, era una forma de recuperar la protección del inmueble, pero la gestión del Gobierno local lo ha impedido.

Rey recuerda que el propio Xiao Varela dio el visto bueno a la licencia de demolición en noviembre de 2016 al tiempo que tramitaba la modificación del catálogo para proteger el edificio, pero que no llevó a pleno la suspensión de licencias en los edificios que pretendía proteger hasta el 12 de diciembre del 2016.

También el BNG se mostró muy crítico con la gestión del Gobierno local, al que acusó de "descoordinación" en el seno de la misma concejalía de Rexeneración Urbana al tramitar al mismo tiempo la demolición del edificio y su protección. La concejal Avia Veira propuso que se abra una mediación con los propietarios para evitar la desaparición del inmueble, al que incluyó entre los más destacados de la ciudad.

Los nacionalistas recordaron que se opusieron durante el mandato municipal del Partido Popular a la salida del catálogo patrimonial de este edificio y que ese mismo gobierno le concedió una licencia de demolición a los propietarios, por lo que califican de "increíble" que Marea Atlántica tardase un año y medio en comenzar los trámites de ampliación del catálogo para incluirlo de nuevo.

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