22 de febrero de 2019
22.02.2019

El Consejo de Estado avala el fin de la concesión de Pedralonga por impagos y falta de ingresos

El órgano consultivo rechaza las alegaciones de la adjudicataria de la fábrica de armas, que pedía fraccionar o aplazar su deuda, y constata que el aval ya es insuficiente para cubrir el importe

22.02.2019 | 00:46
Empleados y responsables de Hércules en el interior de la fábrica de armas, en una convocatoria de prensa.

CLAVES

  • El canon El dictamen del Consejo de Estado que avala la caducidad de la concesión refleja que el impago del canon la justifica. Hércules solo abonó el primero y otros dos con cargo a un aval
  • La concesionaria El desequilibrio entre la deuda con la plantilla y la Seguridad Social y la falta de ingresos son motivos que avalan la caducidad, así como la falta de actividad armamentística
  • Las alegaciones Hércules solicitó fraccionar o aplazar su deuda por el canon, a lo que se opuso el órgano consultivo, que tampoco aprueba que la concesionaria sea indemnizada

El dictamen del Consejo de Estado sobre la concesión de la fábrica de armas a cargo de Hércules de Armamento, en el que se ha apoyado el Ministerio de Defensa para proceder a su revocación, no deja lugar a las dudas. "El impago del canon concesional constituye un incumplimiento grave que justifica la declaración de caducidad de la concesión", sentencia el informe, fechado a finales de noviembre del año pasado.

No solo el endeudamiento por el canon justifica la resolución de la concesión al amparo de la ley del patrimonio de las administraciones públicas. Las "serias dificultades financieras" como resultado del "desequilibrio entre la elevada deuda (especialmente con los trabajadores y la Seguridad Social) y la ausencia de ingresos y perspectivas de negocio" de la empresa son razones que también apunta el dictamen, al que ha tenido acceso este periódico, para deducir que "no es previsible" que Hércules de Armamento pueda cumplir sus obligaciones en la gestión de la planta industrial de Pedralonga.

La empresa, de acuerdo con los documentos del expediente del proceso de revocación de la concesión, solo pagó la primera anualidad del canon por el uso de la fábrica de armas, de 250.000 euros, por la que pudo formalizar la adjudicación de finales de 2014 tras ganar el concurso público. El importe de las demás anualidades solo lo pudo satisfacer con cargo al aval de 400.000 euros que aportó Hércules cuando se le adjudicaron las instalaciones, si bien el cuarto y último abono del canon no fue cubierto y el aval "resulta ya insuficiente para cubrir su importe". "Por este motivo" -reitera el dictamen- "se solicita la declaración de caducidad".

Hay más incumplimientos, los referidos a los objetivos asumidos por la empresa respecto a la plantilla de trabajadores y al plan de negocio al obtener la concesión. Entonces Hércules admitía tener "varios clientes, fábricas y países" interesados en su producción armamentística y preveía contratar de forma escalonada hasta 330 empleados directos y 200 indirectos en el plazo de dos años y medio, siempre con el compromiso de contar con los antiguos trabajadores de la fábrica.

Otra obligación incumplida sobre la explotación de la concesión en los términos recogidos en el contrato es la fabricación de armas de guerra, a la que no estaba autorizada la empresa por tener suspendida la autorización administrativa al carecer las instalaciones del servicio obligatorio de vigilancia.

El informe del Consejo de Estado rechaza además las alegaciones expuestas por Hércules en las comisiones de seguimiento sobre la concesión convocadas previamente. La empresa, que nunca negó la falta de pago, defendía que este incumplimiento era una circunstancia que carecía de "entidad suficiente" para declarar la caducidad de la concesión y solicitaba un fraccionamiento o un aplazamiento del abono del canon. El dictamen estatal tumba esta petición porque el impago de la cuarta anualidad se sumaba al de otras anteriores acreditadas.

Otra de las alegaciones expuestas por la concesionaria alude a las consecuencias de la caducidad de su gestión, al sugerir una "liquidación" de derechos a su favor. La repuesta del Consejo de Estado deja a la empresa sin ningún tipo de compensación. "El Tribunal Supremo ha declarado en reiteradas ocasiones que, en caso de extinción de la concesión por incumplimiento imputable al concesionario, la Administración adquiere las instalaciones gratuitamente y libres de carga, sin abonar indemnización alguna", recoge el dictamen, que añade que lo que sí queda acreditado es una deuda de casi 165.000 euros correspondientes a la cuarta anualidad del canon que debía haber pagado Hércules.

Defensa, propietaria de los terrenos donde se asienta la fábrica de armas, cuenta desde noviembre pasado con el informe del Consejo de Estado favorable a la reversión de la concesión de Hércules de Armamento, una medida reclamada por los antiguos trabajadores de la planta durante el mandato del Partido Popular, cuando denunciaron las deudas e impagos de la concesionaria y la falta de actividad industrial en las naves de Pedralonga. El cambio de Ejecutivo estatal desatascó el asunto, aunque el Ministerio se ha movido con cautela en el procedimiento, sin aclarar de qué modo resolvería la concesión.

Cuando la Universidade da Coruña dio a conocer en diciembre su proyecto a largo plazo de crear en Pedralonga un polo de innovación de la mano del sector tecnológico local y gallego, Defensa agilizó el proceso y convocó una reunión institucional en Madrid en la que dio el visto bueno al parque de nuevas tecnologías y aseguró que avanzaría en la revocación de la concesión. La Xunta también ha mostrado su interés por que el nuevo hospital se ubique en los mismos terrenos.

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