La inminente presentación por parte del Concello de un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 que autoriza la demolición del antiguo concesionario de Citroën en la avenida de Oza paralizará este procedimiento, según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Al tratarse de un acto que supondría un daño irreparable por la desaparición del inmueble, no se podrá solicitar la ejecución del fallo de forma cautelar, por lo que habrá que esperar a una nueva resolución judicial para conocer si finalmente podrá ser demolido.

La sentencia puede tener, sin embargo, consecuencias para el Ayuntamiento en el plano económico, ya que al estimar que la licencia de derribo tendría que haber sido concedida, se abre la posibilidad de que los propietarios reclamen al Concello una indemnización por la demora entre la fecha en la que tendrían que haberla recibido y la de la resolución del juzgado.

Los afectados presentaron la solicitud de la licencia el 12 de mayo de 2016 -solo seis días más tarde de que se declarase la caducidad de la que habían pedido en 2012, que les fue concedida al año siguiente- y, pese a que tenía que haber sido resuelta la solicitud en el plazo de tres meses, el Concello no contestó. El juzgado la considera ahora otorgada por silencio administrativo.

El alcalde, Xulio Ferreiro, confirmó ayer que el Gobierno local recurrirá ese fallo, de forma que si finalmente los tribunales respaldan de nuevo la concesión de la licencia, se incrementaría el tiempo transcurrido sobre el que se calcularía el importe de una compensación si los propietarios se decantan por exigirla. Ferreiro justificó que el Concello pusiera en marcha el proceso para proteger el inmueble al mismo tiempo que tramitaba la licencia de demolición, un caso que resalta el juzgado en su sentencia, con el argumento de que "si se presenta una solicitud hay que tramitarla".

El regidor añadió que el Ejecutivo municipal tratará de impedir el derribo mediante un recurso contra la sentencia que la autoriza, pero destacó que el Gobierno local del Partido Popular había excluido al antiguo concesionario del catálogo de patrimonio del plan general cuando se aprobó de forma definitiva ese documento. Fueron los propietarios del edificio quienes mediante una alegación solicitaron esa modificación del plan general respecto a la redacción aprobada inicialmente por PSOE y BNG. La crisis económica les obligó en 2012 a cerrar el concesionario de automóviles, que había sido construido en 1966 con un diseño del arquitecto coruñés Andrés Fernández-Albalat, quien ha restado valor arquitectónico a este inmueble que le haga merecedor de ser protegido.

El mantenimiento del edificio fuera del catálogo de protección urbanística hizo posible que el anterior Gobierno local autorizara el derribo en 2013. La obra, sin embargo, no se llevó a cabo, por lo que en 2016 el Concello, ya bajo la dirección de Marea Atlántica, dio por caducada esa licencia e inició el proceso para reintegrar el edificio al catálogo del patrimonio tras la petición efectuada en agosto de 2015 por la asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros.

En 2017 un juzgado convocó una subasta de la cuarta parte del inmueble por un valor de 4,2 millones de euros para saldar una deuda de 868.000 euros más unos intereses de 260.000 euros que mantenía la empresa que explotaba el concesionario. Pero esa puja finalmente se suspendió por no haber sido comunicada a uno de los propietarios.