La fachada de la Delegación del Gobierno, en la plaza de Ourense, ha sido el fondo de una fotografía habitual de protesta y reivindicación durante cinco años, hasta agosto de 2018. Los últimos viernes de cada mes en este periodo los extrabajadores de la planta de Pedralonga vinculados a los representantes de UGT del antiguo comité de empresa se han concentrado delante de la sede institucional para reclamar un proyecto industrial viable en la instalación de Defensa; criticar la adjudicación a Hércules de Armamento frente al otro aspirante, el grupo IFFE, al que apoyaban; denunciar los impagos del canon y a una plantilla cada vez más reducida; y exigir otro proceso para determinar a un nuevo gestor. Desde el cambio de concesionaria a finales de 2014, el comité de empresa siguiente, dominado por la CIG, solo se concentró una vez en la plaza de Ourense, en enero pasado, para solicitar ser tenido en cuenta en el nuevo proyecto que se avecina sobre los terrenos, la Ciudad de la TIC, donde sí tienen el compromiso de ser parte los anteriores empleados.

El contraste de insistencia reivindicativa revela la agria fractura entre unos trabajadores y otros en todo este tiempo: los que no se han cansado de censurar la equivocación de haber concedido la fábrica de armas a Hércules y los que han permanecido en la planta sin manifestarse ante el Gobierno del Estado con la confianza cada día más débil de que la empresa se agarraría a supuestos socios inversiones mientras la plantilla iba menguando, las deudas creciendo y la actividad productiva desapareciendo.

La lucha de los primeros se tropezó prácticamente siempre con el silencio del delegado del Gobierno durante el mandato del PP, cuando se resolvió la concesión a Hércules. Con la firma de Roberto Teijido, presidente del anterior comité de empresa, los extrabajadores enviaron cartas y solicitaron reuniones a Santiago Villanueva para exponer las irregularidades en la explotación de la fábrica, los impagos de la concesionaria con el personal y la Seguridad Social y la pérdida de producción y de mano de obra. Teijido denunció constantemente "intereses ocultos" en las administraciones para no ofrecer respuestas ni plantear otro concurso y disparó sus críticas contra los gobiernos central, gallego y local -los tres del PP- por "mirar para otro lado y desentenderse" del futuro de la fábrica de armas.

En el otro extremo, el comité de empresa con dominio de la CIG acusó al sector de UGT de la anterior plantilla de querer "boicotear" el inicio de la actividad industrial en la planta desde finales de 2014 con sus continuas reclamaciones. Cuando Defensa prohibió fabricar armas en Pedralonga por el abandono de los vigilantes un año después su presidente, Xabier Riobóo, defendió la continuidad de la actividad "ante cualquier intento que pretenda su cierre". Desde entonces, y con la representación de los trabajadores adoptando la postura de no ofrecer declaraciones sobre su situación, el personal, con la producción restringida, se fue reduciendo, al tiempo que los ingresos de la empresa decaían y los números revelaban un sombrío panorama económico: un millón de euros de déficit y 6,5 millones de deuda en las cuentas de 2017.

El responsable de Hércules de Armamento, Ramón Mejuto, anunció contactos con distintos inversores que harían repuntar la actividad de la fábrica, una medida que no se tradujo en hechos y que enfatizó las críticas de los antiguos empleados y la pasividad de los que aún quedaban en la planta.

El cambio de Ejecutivo estatal abrió un nuevo escenario para las instalaciones. Para empezar, el delegado del Gobierno socialista en Galicia, Javier Losada, recibió al antiguo comité de empresa, que desde septiembre forma parte activa de las cumbres institucionales para desarrollar en los terrenos de Pedralonga un parque tecnológico de empresas del sector TIC promovido por la Universidade da Coruña, un futuro del que también quiere participar los supervivientes que siguen en la planta.