24 de febrero de 2019
24.02.2019
La Opinión de A Coruña
La trastienda de cinco años en la fábrica de armas

Fabrica de Armas de A Coruña | La historia de una concesión fugaz

El Consejo de Estado relata que, tras dos años de concesión, la plantilla prometida se redujo y se debían 700.000 euros a la Seguridad Social, aunque no se inició la extinción hasta que Defensa dejó de ingresar

24.02.2019 | 00:47

La concesión de la fábrica de armas, otorgada a Hércules de Armamento en septiembre de 2014, no tenía la mecha muy larga. No han pasado ni cinco años, de los 75 que podría haber sumado , y el Ministerio de Defensa ha tenido que dar marcha atrás a la decisión que tomó y poner fin al contrato que firmó con la empresa que ganó el concurso público. Faltaron los encargos y faltaron los inversores. Las expectativas laborales tampoco se cumplieron y, como consecuencia de la endeblez económica, se acumularon las deudas con la Seguridad Social, con los trabajadores y con la subcontrata de vigilancia. Le suspendieron el permiso para fabricar armas de guerra. El abrupto final para la concesión abre la puerta a un nuevo plan, la Ciudad de las TIC, aún por concretar

La fábrica de armas echaba el cierre un 28 de junio. Con la marcha de General Dynamics en 2013, se ponía fin a 76 años de actividad. Tras la presión de la ciudad, el Ministerio de Defensa abrió un nuevo concurso para que otra empresa se encargase del complejo de Pedralonga. Hércules de Armamento se imponía a un proyecto promovido por IFFE. La actividad nunca llegó a remontar y, después de más de un lustro de denuncias, impagos y otros capítulos negros, a Defensa no le ha quedado otra opción más que retirar la concesión.

El informe preceptivo del Consejo de Estado, órgano consultivo presidido por María Teresa Fernández de la Vega, es también un relato de la trastienda del problema en los despachos de Defensa, desde las primeras señales de alarma reflejadas en los documentos al año del contrato, de las que advertían públicamente los antiguos trabajadores. La concesión se firmó por 15 años prorrogables hasta 75 y no ha llegado a cinco. Según revela el mismo documento, en dos ejercicios solo facturó 40.000 euros y a finales de 2016 ya se acumulaba una deuda de 3,5 millones.

En poco tiempo había menos plantilla de la prometida, los encargos e inversores no llegaban y se debían miles de euros a la Seguridad Social. Aun así, el expediente de extinción no se inició hasta que el aval se agotó y Defensa no pudo satisfacer la cuarta anualidad del canon. El fin anticipado de este perecedero contrato permite ahora la adjudicación de los terrenos a la UDC y su proyecto de la Ciudad de las TIC.

EEl concurso. Diez meses después del adiós de General Dynamics, Defensa aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia, de una concesión de los terrenos e instalaciones de la fábrica de armas. "El concesionario deberá destinar las instalaciones, entre otros, a la fabricación y venta de componentes, aunque no sean fundamentales, de armas de guerra", señalaba el pliego, que advertía que para dicha fabricación el concesionario tendría que "contar previamente con las autorizaciones que correspondan en arreglo al vigente Reglamento de Armas". Según el pliego, Defensa solo concesionaba los terrenos, ni se quedaba comprometido a poner dinero ni tampoco a adquirir "ningún producto o programa" que se realizase en la histórica fábrica.

Como mínimo, las empresas aspirantes tenían que ofrecer un canon de 200.000 euros. Además, se establecía una garantía adicional "dadas las especiales circunstancias" de la concesión. El importe, 400.000 euros, reducido a 200.000 una vez satisfecho el canon del segundo año de concesión.

El artículo 24 de las bases regulaba las causas que podrían anticipar la extinción de la concesión como, como "el incumplimiento de los compromisos adquiridos en relación a la explotación", la revocación de la autorización para fabricar en las instalaciones, el incumplimiento de las causas que sirvieron de base para la adjudicación o de cualquiera de las condiciones previstas en el pliego, plazos comprometidos, compromisos adquiridos y mejoras ofertadas, en aspectos como la contratación de personal.

ELa adjudicación. En septiembre de 2014, se formalizó la adjudicación de la concesión demanial a favor de la empresa Hércules de Armamento SL, previo pago de la primera anualidad del canon.

ELa comisión de seguimiento. La concesión preveía la constitución de una comisión de seguimiento para vigilar la marcha de la fábrica. En la mesa, representantes del Ministerio de Defensa, la empresa y los trabajadores. En las primeras reuniones del 9 de junio y de 27 de octubre, según se explica en el informe del Consejo de Estado, la adjudicataria informó "de las perspectivas de negocio y comunicó la necesidad de dar entrada a un nuevo inversor para cumplir algunas de las obligaciones asumidas en su oferta, especialmente la contratación de nuevos trabajadores". Durante los años de concesión, los socios afirmaron que esperaban la llegada de este inversor. Nunca llegó.

ELa contratación de personal. El 17 de noviembre de 2015, la Asesoría Jurídica General de Defensa emitía un informe sobre el cumplimiento de la oferta laboral de la empresa. Los letrados del Estado avalan que el contrato de trabajadores a tiempo parcial es acorde con la oferta de Hércules, a pesar de que los contratos no eran a tiempo completo. Así está resaltado en el informe de Consejo de Estado: "A pesar de que la mayoría de los nuevos contratos eran a tiempo parcial, podría considerarse que la empresa había cumplido con el compromiso de contratar trabajadores de forma indefinida".

EPrimer año, sin vigilancia y sin permiso para armas. A pesar de que solo ha pasado poco más de un año desde la entrega de la fábrica, las dudas sobre la nueva concesionaria son patentes. El 25 de noviembre de 2015, la Dirección General de Armamento informa de que ha suspendido la autorización como fábrica de armas de guerra concedida a la empresa adjudicataria como consecuencia de haber retirado el servicio de vigilancia.

De nuevo defensa solicita un informe a la Asesoría Jurídica General de Defensa. La abogacía considera que aún no concurre causa de caducidad "al tratarse de una mera suspensión y no de una revocación de la autorización para fabricar armas". Sin embargo, el informe ya advierte de la insolvencia de la adjudicataria: "No se le oculta a este centro asesor que dicha suspensión viene motivada por la falta de pago de la empresa concesionaria de las nóminas al personal contratado para vigilar las instalaciones", escribe la asesoría jurídica, "y esas dificultades económicas pueden abocar en una falta de actividad de la concesión o al desarrollo de actividades constitutivas del objeto del título".

ESegundo año, sin inversor ni acuerdos de venta. El informe del Consejo de Estado explica que, en 2016, es evidente que Hércules "sigue sin encontrar inversor y no ha firmado acuerdo significativo de venta de armas". En las reuniones de la comisión de seguimiento (Ministerio-trabajadores-empresa), dice el documento, "continúan poniéndose de manifiesto las dificultades financieras de la adjudicataria, tanto por la falta de ingresos como por el aumento de las deudas, especialmente por salarios atrasados y cotizaciones a la Social". "De forma paralela, la plantilla de trabajadores fue disminuyendo y se mantuvo la suspensión de la autorización como fábrica de armas de guerra por la falta de servicio de vigilancia", prosigue el Consejo, que relata cómo, el 29 de agosto de 2016, la Tesorería General de la Seguridad Social trabó embargo de los bienes de la empresa adjudicataria para responder de una deuda de 723.668,10 euros.

El 14 de noviembre de 2016, la comisión de seguimiento constata que Hércules desatiende a los compromisos de su oferta en cuanto a mantener la plantilla y fabricar armas de guerra en el plazo de dos años. Las deudas son de 3,5 millones y "la actividad de la fábrica es residual respecto al plan de negocio presentado". La facturación ascendía a poco más de 40.000 euros en los dos ejercicios transcurridos desde la adjudicación.

ETercer año, la investigación. "A la vista de estas circunstancias", el 25 de noviembre de 2016, Defensa abre un periodo de información "para conocer el grado de incumplimiento de las obligaciones de la concesionaria". En esta investigación, se incluyen varios informes "relevantes". En primer lugar, el Invied, comunica, el 10 de enero de 2017, que la anualidad del canon correspondiente al ejercicio 2016, por importe de 248.250 euros, no había sido satisfecha por la concesionaria, por lo que se había procedido al cobro mediante ejecución del aval a primer requerimiento. El canon correspondiente al ejercicio 2017, por importe de 249.987,75 euros estaba pendiente de cobro.

La Seguridad Social, por otro lado, comunicaba que la adjudicataria había elevado su deuda a 1,06 millones de euros "y se informaba de que se había iniciado expediente de apremio en el que se había dictado diligencia de embargo de los bienes de la interesada". En tercer jugar, el 11 de enero de 2017, la Subdirección General de Patrimonio requiere un informa la Asesoría Jurídica sobre "del incumplimiento de las obligaciones", que concluye que el aval, tras proceder a la retención por la segunda y tercera anualidad, quedaba "prácticamente agotado" y ya no sería suficiente para la cuarta anualidad. A pesar de todo, la Asesoría Jurídica responde, el 26 de enero, que aún considera "improcedente declarar la caducidad" pero volvía a advertir de la situación financiera de la concesionaria. Si Hércules no pagaba la cuarta anualidad, sí sería "un incumplimiento esencial de la concesión". En las comisiones de seguimiento del 27 de junio y de 2 de noviembre, se informa de "la progresiva reducción de la plantilla de trabajadores, el aumento de las deudas de la empresa, la ausencia de inversores y la frustración de las expectativas de negocio".

EEl ultimátum. El 22 de diciembre de 2017, el Invied propone la extinción de la concesión porque no se había pagado la cuarta anualidad, la de 2018. El 28 de diciembre de 2018 se comunica a la empresa que, si no pagaba su deuda antes del 1 de febrero de 2018, se ejecutaría la fianza depositada. Ante la falta de pago voluntario, se ejecutó lo que quedaba del aval, 89.262,25 euros. Una vez ingresada esta cantidad, se comunicó a la empresa, que se declararía la caducidad de la concesión conforme a lo previsto en la cláusula 24 del pliego si no hacía efectivo el pago de los 164.725,30 euros restantes antes del 20 de marzo de 2018.

ECuarto año, extinción y alegaciones. Sin que se realizase el abono, el 21 de marzo de 2018, Defensa inicia el expediente de extinción de la concesión de la fábrica, informando a la empresa de la deuda que tiene contraída por la cuarta anualidad. La empresa presenta alegaciones. Razona que "no concurre incumplimiento suficientemente grave" como para la caducidad y considera que la extinción resultaría "contraria al principio de proporcionalidad". Sostiene que la situación de dificultad económica es "meramente transitoria". Para Hércules lo aconsejable es "mantener el contrato" dadas "las especiales cautelas que deben tomarse en el sector armamentístico". Advierte que podría reclamar indemnización y pide un fraccionamiento del pago o un aplazamiento.

EEl adiós a Hércules de Armamento. El instructor del expediente proponer declarar caduca la concesión, cuestión que avala la Asesoría Jurídica General de Defensa por falta de pago del canon concesional. Es junio de 2018, cambio de gobierno en La Moncloa. Además de considerar que el impago tiene "entidad suficiente", los abogados públicos destacan que resulta "improcedente" conceder el fraccionamiento o aplazamiento. Todo parece encauzado para la resolución pero aún tendría un capítulo más: el 10 de septiembre se declara caducado el expediente y hay que volver a iniciarlo. Solo es una pequeña demora porque ya se incorpora la investigación realizada previamente. El 3 de octubre de 2018, el instructor eleva una propuesta de resolución favorable a la declaración de caducidad. Tras obtener el dictamen del Consejo de Estado, que se acaba de hacer firme, el contrato queda resuelto y los terrenos liberados para poder ser readjudicados.

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