La antigua cárcel vuelve a estar cerrada. Ni los miembros de Proxecto Cárcere, el colectivo que recuperó y gestionó sus actividades durante cuatro meses hasta el pasado diciembre en una pequeña parte del viejo penal, pueden acceder a recoger sus propiedades, que el Concello les ha pedido retirar antes de entregar las llaves. Ayer, por primera vez en dos meses, desde que la asociación dejó de programar actos porque el Gobierno local las desautorizó ante la prohibición de PatrimonioGobierno localPatrimonio, no había guardia de seguridad en el edificio y las cerraduras se habían cambiado.
Los portavoces de Proxecto Cárcere explican que no saben quién ha cerrado la prisión. El Concello, que ha reclamado a la asociación que vacíe su interior al poner fin al contrato que los vincula, asegura que no ha sido, por lo que tendría que haberlo hecho el órgano estatal Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), en quien confía el colectivo para tener el permiso para entrar mañana y retirar sus pertenencias en el transcurso de una concentración reivindicativa ante el inmueble.
Carmen Cotelo, integrante de Proxecto Cárcere, denunció ayer el abandono "en que vuelve a quedar la prisión" y repartió responsabilidades por "la falta de implicación institucional" en la recuperación del penal. En la lectura de un texto criticó a todas las corporaciones municipales a partir del mandato de Francisco Vázquez, a los grupos políticos locales, a la Xunta y al Ministerio del Interior por "despreocuparse" del inmueble o "no defender valientemente su conservación como patrimonio de la ciudad".
Proxecto Cárcere convoca mañana a los vecinos, a partir de las 13.00 ante el edificio penitenciario, a un encuentro con música y comida para reivindicar que "se le está echando de la cárcel". El grupo se reunirá el 7 de febrero con la subdelegada del Gobierno y la próxima semana tendrá una asamblea para decidir su propio futuro como asociación tras ocho años activa.
