10 de marzo de 2019
10.03.2019
Las modificaciones del planeamiento de A Coruña

Los remiendos del plan general

La norma urbanística, en vigor desde 2013, suma varios cambios y tiene otros pendientes para adaptarla a sentencias judiciales y resolver conflictos y necesidades de diferentes tipos

09.03.2019 | 21:45
Solar de la antigua residencia de las Adoratrices, que debe ser recalificado en el plan general.

El Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña, cuya elaboración pretendía dar solución a los graves problemas a los que no pudo hacer frente la normativa aprobada en 1998, cumplirá seis años en vigor este verano. Fueron necesarios cinco años de trabajo para conseguir que el nuevo plan recibiese el visto bueno definitivo de la Xunta, periodo durante el que además hubo que afrontar un cambio político trascendental en el Ayuntamiento, ya que el PSOE perdió en 2011 la Alcaldía tras un periodo de 28 años de gobierno.

El mandato del Partido Popular supuso la introducción en el plan general de importantes modificaciones sobre el documento que se había aprobado de forma inicial en 2010. La pérdida de la Alcaldía en 2015 por el PP dio paso al gobierno de Marea Atlántica, durante el que se promovieron varias modificaciones del plan, alguna de ellas concluida o en tramitación. A continuación se detallan los cambios de la normativa urbanística ya efectuados y los que aún están pendientes de realizar para proporcionar una visión del estado actual del plan general.

Parque del Agra. La empresa Oficina de Planeamiento deberá entregar en breve la propuesta para modificar la calificación de ocho terrenos que figuran en el plan general de forma incorrecta, de acuerdo con las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza tras los recursos promovidos por los propietarios. El solar de la calle Gregorio Hernández sobre el que se asentaba la desaparecida residencia de las Adoratrices es el caso más destacado, ya que tiene como consecuencia la reducción en 2.000 metros cuadrados de la futura zona verde conocida como Parque del Agra do Orzán. La sociedad Dricar, del empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, recurrió la calificación de la parcela, de 5.194 metros cuadrados, como suelo urbano no consolidado, lo que le obligaría a ceder parte de los terrenos para el polígono que se creará, para lo que recibió el apoyo del tribunal, que ordenó el cambio a suelo consolidado, pero únicamente para 3.163 metros cuadrados. Tras el fallo judicial, Dricar solicitó licencia para un edificio con 90 viviendas que fue denegada por el Concello, que entiende que antes debe modificarse el plan general. La empresa recurrió esa decisión, pero el Superior de Galicia dio la razón al Gobierno local.

As Rañas. La nave de la empresa Pinturas Valentine situada en la carretera a los Baños de Arteixo aparece en el plan general como suelo urbano no consolidado, lo que hace posible su demolición para poner en marcha el que sería el acceso principal al polígono industrial de As Rañas, donde se proyectó la llamada Ciudad de la Tecnología que quedó paralizada por la crisis. La sentencia favorable al recurso de Valentine obliga a que los promotores del polígono busquen una entrada alternativa para esos terrenos. Otros seis recursos judiciales con resultado favorable para sus promotores forzarán cambios en el plan general. Uno de ellos se refiere a una parcela junto al paseo marítimo a la que la normativa municipal estimó que le afectaba la servidumbre de protección de costas por encima de los 20 metros, de forma que se prohíbe construir en ella, aunque la sentencia levanta ahora esa prohibición. En la avenida de Nueva York un terreno recuperará su calificación como suelo urbano consolidado tras el fallo que declara ilegal el cambio introducido en el plan general para hacer posible su expropiación con el fin de abrir un nuevo vial en esta zona. Otras dos sentencias obligan a introducir en el plan general el mismo cambio en un polígono residencial de la zona de la avenida do Ferrocarril y en unas parcelas de Feáns. También en As Xubias un terreno deberá volver a ser suelo urbano consolidado y salir de un polígono destinado a uso sanitario-educativo público, lo que permitía que fuera expropiado. En el polígono de Vío una sentencia hace que se elimine la reducción de la superficie y la edificabilidad de parcelas que tenía por objetivo proteger el núcleo de población tradicional, situado a muy corta distancia.

Cantera de Adormideras. La prohibición que estableció la Xunta en 2009 de que se construya en los terrenos del Agra de San Amaro por estar en la zona de protección de la Torre de Hércules dio al traste con el polígono residencial que había sido aprobado ya y que preveía cinco edificios de ocho plantas. Las amenazas de cuantiosas indemnizaciones que efectuaron los perjudicados llevaron al Gobierno del PP a proponer en 2012 que la edificabilidad de la que disponían se trasladase a la cantera de Adormideras. Pero en el cierre de la campaña electoral de 2015 el PP anunció que renunciaba a esa solución, aunque el plan general sigue permitiendo que se construya allí. Marea Atlántica inició en septiembre de 2016 el expediente para la modificación del plan general y evitar que se construya en ese lugar, pero desde entonces solo se supo en enero de 2018 que se encuentra en "en fase de estudio y desarrollo por parte del departamento de planeamiento urbanístico". Pero también está pendiente el cambio de calificación de los propios terrenos del Agra de San Amaro, en los que no se puede construir porque su ordenación mediante un plan especial no ha sido aprobada. Aunque cuando se elabore deberá prever la repercusión que tendrá para el Concello no cumplir los acuerdos suscritos con los propietarios, que les autorizaban a edificar. Tras la declaración de la Torre como patrimonio de la Humanidad, no es posible levantar construcciones a menos de 500 metros del monumento.

El Remanso. La antigua cafetería situada en Cuatro Caminos iba a ser transformada por el Gobierno del PP en un "quiosco cívico" mediante una inversión de 1,1 millones de euros. El proyecto se puso en marcha solo unas semanas antes de las elecciones de 2015, pero la llegada de Marea Atlántica a la Alcaldía hizo que se reformulase la actuación al entender que no se ajustaba al plan general por estar ubicado en una zona verde. Para poder intervenir en el edificio y cambiar sus usos fue necesario modificar la normativa urbanística, proceso que se completó en septiembre de 2017. Tras conseguirlo, se elaboró un nuevo proyecto que suprime la demolición prevista anteriormente para dejar paso a una reforma mucho más modesta que será financiada mediante los fondos europeos Eidus, por lo que en principio debería ser licitada y adjudicada este año.

Catálogo de Patrimonio. La existencia de construcciones sin protección pese a su valor arquitectónico, histórico o cultural movió al Gobierno local a promover una ampliación del catálogo de patrimonio del plan general con 84 inmuebles, cuatro elementos arqueológicos, tres etnográficos y dos grupos de viviendas. La iniciativa fue aprobada inicialmente por el pleno el 13 de noviembre y a la misma se presentaron 69 alegaciones, pese a que el PP denunció la existencia de 1.600 viviendas afectadas. Entre los alegantes figura la Autoridad Portuaria, que se opone a que la Lonja del Gran Sol reciba una protección que impida su derribo o remodelación. A esto hay que sumar que, pese a que el antiguo edificio del concesionario de Citroën en la avenida de Oza figura en el catálogo, una reciente sentencia autoriza su demolición porque la licencia para ejecutarla se tramitó antes de que se iniciase esta modificación del plan general, por lo que su futuro está pendiente del recurso que presentará el Concello para evitar el derribo.

San Vicente de Elviña. Cuando a finales de los años ochenta se diseñó el parque ofimático, no solo incluyó terrenos situados entre las avenidas de Monelos y Alfonso Molina, sino también al otro lado de la última de ellas y próximos al núcleo de San Vicente de Elviña. Mucho después comenzaron los derribos de las viviendas existentes, algunas de las cuales permanecían ocupadas al negarse sus propietarios a abandonarlas. Entre ellos figuraban los de San Vicente de Elviña, quienes denunciaban que su inclusión en el polígono no tenía sentido, ya que el viaducto proyectado para unir la zona con el ofimático era irrealizable. Pese a todo, en 2014 se demolió una de las viviendas afectadas en medio de una amplia protesta social. Poco después Marea Atlántica obtuvo la Alcaldía y se comprometió a cambiar el plan general para excluir este sector del proyecto del ofimático, donde aún quedan cinco viviendas, pero el pasado noviembre informó que la paralización de la ampliación de Alfonso Molina por parte del Ministerio de Fomento impide avanzar en esta tramitación, ya que condiciona de forma importante las soluciones que se propongan. A esto hay que unir que habrá que conseguir eliminar la edificabilidad de un pequeño bloque de viviendas previsto en la zona, así como resolver el problema de que algunos de los afectados tienen concedida la edificabilidad que les corresponde en el polígono al otro lado de Alfonso Molina.

La Solana. Durante la elaboración del plan general de 2013 se introdujo un cambio de última hora que fue denunciado por el grupo municipal del BNG y cuya trascendencia no era posible prever en aquel momento. Mediante aquella modificación, el complejo deportivo La Solana, que hasta entonces figuraba como sistema general de espacios libres de titularidad pública, pasó a estar calificado como espacio libre privado en la categoría de parque deportivo. Fue años después cuando se conoció la intención de la Autoridad Portuaria de subastar este recinto para costear las obras del puerto exterior, lo que fue respondido por el Gobierno local de Marea Atlántica con una oferta para su adquisición, así como con el cambio del plan general para dificultar una posible privatización de los terrenos. El proceso, al que trató de oponerse el Puerto, culminó por parte municipal el pasado enero con la aprobación de esa modificación en el pleno, aunque tendrá que ser ratificada por la Xunta.

Edificio Fenosa. La concesión en 1997 de la licencia municipal mediante la que se construyó este inmueble dio origen a un conflicto judicial que terminó el mes pasado. El arquitecto Valentín Souto denunció la ilegalidad del permiso otorgado y luchó durante 22 años para conseguir el derribo del edificio, con el respaldo constante de los tribunales. Una mediación propuesta a última hora por el Gobierno local para impedir una demolición con trágicas consecuencias para el Concello hizo posible un acuerdo que incluye entre sus términos la calificación como singular del antiguo edificio de Fenosa, que deberá figurar así en el plan general mediante una modificación que aún está pendiente de realizar.

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