La Dirección General de Fondos, del Ministerio de Hacienda, no ha recibido todavía la petición formal del Ministerio para la Transición Ecológica para solicitar a la Comisión Europea la reasignación de fondos que doten de presupuesto al proyecto de regeneración de la ría de O Burgo.

La obra tiene un precio estimado de unos 46,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 23 meses, aunque el Estado prevé que las empresas que opten a realizar el dragado mejoren estas condiciones, bajando tanto el importe como el tiempo necesario para completar la actuación.

La Comisión Europea alertó hace dos semanas, en una reunión solicitada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que el plan de financiación anunciado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en A Coruña en enero, no era posible. En una reunión en la Delegación del Gobierno con miembros de la Xunta, Morán explicó que el Estado solicitaría "con carácter inmediato" a la Comisión Europea que reasignase para el dragado de la ría de O Burgo, los fondos que se habían concedido para la construcción de la depuradora de Santiago, ya que no se va a ejecutar en los plazos marcados y no será posible justificar la inversión en el año 2021, tal y como marcaban las bases de la convocatoria de estas ayudas.

La Comisión Europea aseguró a Miranda que esa reasignación, como se había planteado, no será posible, ya que todos los fondos que no se utilizaron de ese programa tienen un nuevo dueño: el fomento de iniciativas del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Aunque eso no significa que el Estado tenga que renunciar a la cofinanciación de las obras, sino simplemente que la solicitud de reasignación de fondos ha de ser diferente a la anunciada.

El Ministerio para la Transición Ecológica avanzó ayer a este diario que el proceso no se había descartado por la convocatoria de elecciones. Fuentes del ministerio aclararon que, desde enero, trabajan "en la tramitación" necesaria para solicitar fondos europeos, por lo que están "manteniendo contactos con diferentes administraciones", entre ellas, el departamento de fondos europeos de Hacienda, también con la Xunta. El Ministerio de Transición Ecológica defiende que, en cuanto tenga la documentación necesaria, presentará el proyecto de reasignación de fondos.

Cuando Morán anunció que Medio Ambiente pediría la partida de más de veinte millones de euros de la depuradora de Santiago, contaba con que se cumpliesen algunas variables que, finalmente, dieron al traste con sus planes de tener la ría limpia en 2020. Para entonces, el Gobierno confiaba en aprobar en este primer trimestre del año su proyecto de presupuestos para 2019, en el que incluía una partida de 24 millones de euros para la regeneración de la ría de O Burgo. Una cifra que cubre tan solo la mitad de los costes estimados del plan de regeneración. Finalmente, los presupuestos no se aprobaron, lo que derivó en una convocatoria adelantada de elecciones, que se celebrarán el 28 de abril, de modo que las cortes están ya disueltas.

Miranda, ha anunciado que solicitará tanto al Estado como a la Xunta que colaboren para hacer realidad el dragado de la ría cuanto antes y que forzará al ministerio a que solicite los fondos necesarios para ejecutar la limpieza de un estuario que, en los años ochenta daba trabajo a unas dos mil familias y ahora a menos de un centenar. El mismo día en el que Morán anunció que la limpieza de la ría sería inminente si Europa autorizaba el cambio en los fondos, las conselleiras de Infraestruturas, Medio Ambiente y Mar, Ethel Vázquez, Ángeles Vázquez, y Rosa Quintana, adelantaron que la Xunta no pondría dinero para las obras, ya que entendían que eran competencia del Estado. Morán abrió la puerta aquel día a que, en caso de que la respuesta de Europa fuese negativa, se crease una comisión bilateral con la Xunta para encontrar nuevas vías de financiación.

El tiempo corre ahora en contra de la ría de O Burgo ya que la Declaración de Impacto Ambiental, que se aprobó en septiembre de 2017, tiene una vigencia de cinco años.