El Ayuntamiento deberá pagar 14,5 millones de euros más por las expropiaciones del castro de Elviña, aprobadas por el Gobierno local del PSOE entre 2001 y 2005. El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación del Concello contra la sentencia del Superior de Xustiza de Galicia que reconocía a los demandantes que el precio de sus fincas debía elevarse de los 12 euros por metro cuadrado que ofreció entonces el Ayuntamientos a los 50 que dictó un comisión administrativa. La resolución del Supremo, contra la que no cabe recurso, obliga al Concello a pagar 14,5 millones de euros por la diferencia de 38 euros por metro cuadrado de las propiedades expropiadas y por los intereses generados durante un proceso que dura ya 18 años.
El PP hizo pública ayer la providencia del Supremo, emitida el 7 de febrero, y reclamó al Gobierno local que exija responsabilidades a quienes, entre 2002 y 2005 ejecutaron estas expropiaciones. Entonces, el PSOE gobernaba el Ayuntamiento con mayoría absoluta, con Francisco Vázquez como alcalde. Durante el período en que el Ayuntamiento aprobó los diferentes proyectos de expropiación del castro de Elviña fueron concejales de Urbanismo, de forma sucesiva, Salvador Fernández Moreda, José Luis Méndez Romeu y Javier Losada, ahora delegado del Gobierno en Galicia.
Los 14,5 millones de euros a los que debe hacer frente el Ayuntamiento para completar el pago de las expropiaciones suponen, aproximadamente, la mitad de la inversión que presupuesta cada año para obras. La cifra fue avanzada por el PP y confirmada después por el Gobierno local.
El Plan General de Ordenación Municipal de 1998 recogía el desarrollo de un plan especial en el castro de Elviña, por lo que se preveían ya expropiaciones. Para los terrenos de la primera fase, el Concello propuso en 2002 el pago de 11,73 euros por metro cuadrado y, para las parcelas afectadas por la segunda fase, 12,72 euros por metro cuadrado en 2005. El Jurado de Expropiación de Galicia acordó que tendría que ser una comisión de expertos la encargada de fijar el precio de algunas de las parcelas. Para las demás, fijó un valor de 48,97 euros por metro cuadrado. Un acuerdo que fue impugnado y revocado por la Justicia.
El Jurado de Expropiación de Galicia revisó, entonces, el precio ofrecido y acordó fijar un valor de 20 euros por metro cuadrado, que fue confirmado judicialmente por varias sentencias.
La comisión de expertos, tras escuchar los argumentos del Ayuntamiento y de los expropiados, dictaminó que los afectados debían recibir 50 euros por metro cuadrado "dada la ubicación de los terrenos en un entorno de gran importancia simbólica y paisajística para la ciudad y su valor arqueológico y cultural". El presidente de la comisión de valoración apoyaba su dictamen, además, en que expropiaciones en zonas cercanas, como el campus de Elviña y la carretera de Pocomaco a A Zapateira, se habían cerrado en importes cercanos a los 50 euros.
El Ayuntamiento recurrió esta valoración ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para reducir la expropiación a los 20 euros por metro cuadrado que había pagado por el resto de parcelas afectadas por el castro de Elviña. El Superior tumbó su recurso en mayo de 2018. El Supremo, en casación, era su última opción y el Alto Tribunal ni siquiera ha admitido su recurso.
La portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, en la rueda de prensa en que informó de la providencia del Supremo, acusó al Gobierno local de no querer hacerla pública "hasta después de las elecciones del 26 de mayo" por un supuesto "pacto" entre Marea y PSOE. Algo que el Gobierno local desmiente. El Ejecutivo defiende que, durante estos cuatro años, ha "tratado de poner orden a los desastres urbanísticos heredados" tanto del PP como del PSOE. La Justicia condenó al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones millonarias por Someso y por el Agra de San Amaro. También pagará por no derribar el antiguo edificio Fenosa.
El Gobierno local ha asegurado que iba a hacer pública la sentencia llevándola a la Junta de Gobierno Local en cuanto fuese firme, algo de lo que, según fuentes municipales, todavía no tiene constancia. Es el mismo procedimiento que seguirá esta semana con un fallo que podría ocasionar un perjuicio económico a las arcas municipales derivado "de la concesión por parte del Ejecutivo municipal del PP de una licencia ilegal a la gasolinera del Carrefour en Alfonso Molina".
"Estamos ante un caso de mala gestión por parte del Gobierno municipal del PSOE, que tiene consecuencias directas para el erario y para los vecinos", explican fuentes municipales en un comunicado.
