El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado el proceso administrativo de investigación que determinará las responsabilidades de autoridades y funcionarios en la otorgación de una licencia ilegal que permitió la reforma del edificio Fenosa, que motivó un proceso judicial de más de dos décadas que se resolvió finalmente el mes pasado a través de una mediación intrajudicial. La administración local acaba de incoar el procedimiento de diligencias previas informativas del proceso de investigación y ha nombrado a un funcionario instructor con formación jurídica que se encargará del trabajo junto al director del área de Rexeneración Urbana, según explicó esta mañana el responsable de la Concejalía, Xiao Varela.

Una vez que el demandante de las irregulariades haya recibido la indemnización pactada, de 2,9 millones de euros, que el Gobierno local ha incorporado en el cambio al presupuesto aprobado este lunes, el Concello podrá solicitar las responsabilidades que determine la investigación. Aunque Varela no quiso adelantarse al desarrollo del proceso, admitió que la intención del Concello es reclamar esas responsabilidades por vía judicial, aunque no señaló el tipo de las mismas.

El concejal avanzó este proceso en una rueda de prensa convocada para que el Ayuntamiento reconociese públicamente la responsabilidad de la administración local en las irregularidades judicializadas en la obra del edificio Fenosa, en la calle Fernando Macías. Varela añadió la asunción por parte del Concello de un protocolo de buenas prácticas urbanísticas que tiene por objeto garantizar el acierto de las decisiones administrativas, proteger a terceros de buena fe y dilucidar responsabilidades mediante procedimientos legales.

El pleito por la licencia ilegal del edificio Fenosa se cerró tras 21 años de litigio después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptase el acuerdo alcanzado entre el denunciante, el Concello y los propietarios durante la mediación intrajudicialTribunal Superior de Xustiza de Galicia dirigida por el abogado Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Ayuntamiento. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Superior homologó por mayoría el acuerdo para la ejecución de sentencia, que evita la demolición del inmueble a la que obligaba un fallo del Superior de 2001 y ratificaba otro del Supremo de 2006, fija indemnizaciones para el recurrente por daños personales de índole moral y abre la vía de solicitar compensaciones a los dueños del inmueble