14 de marzo de 2019
14.03.2019
Consecuencias judiciales de las políticas urbanísticas

Un castro por metro cuadrado

Las primeras ocupaciones del castro de Elviña cumplen casi 20 años en una maraña judicial por el precio de los terrenos expropiados en el yacimiento y su entorno

14.03.2019 | 00:22
El alcalde Francisco Vázquez y el conselleiro Xesús Pérez Varela, ante una maqueta del yacimiento en 2001.

Las arcas municipales tendrán que pagar 14,5 millones por expropiaciones por el castro de Elviña. El Tribunal Superior cuadriplicó el valor de cuando se ejecutaron, entre 2001 y 2005, durante la etapa de Francisco Vázquez al frente del Gobierno. Es el resultado de una gran maraña judicial que pronto cumple 20 años.

El planeamiento. El plan general de 1998 diseñó el desarrollo del castro de Elviña, con un plan especial y expropiaciones. En noviembre de 2001 se aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección y Recuperación.

Las expropiaciones. Se planificaron cinco fases, de las cuales se llevaron a cabo dos, 27 hectáreas: una aprobada en 2001 y otra en julio de 2005. En la fase I, se pagaron 11,73 euros por metro cuadrado, y en la fase II, 12,72. El Concello defendió que se había aplicado las reglas de valoración contenidas en la ley, relativo al valor del suelo no urbanizable y como fincas análogas. El proceso acabó, como es habitual, en el Xurado de Expropiación de Galicia. En unos casos, derivó la valoración de determinadas parcelas a una comisión prevista en la Ley de Expropiación Forzosa formada por tres académicos: uno designado por la Mesa del Instituto de España, uno por el expropiante y otro por el expropiado. Respecto a las demás, fijó un precio de 48,97 euros por metro.

Los juzgados. La valoración del Xurado fue recurrida en vía judicial y revocada en algunas sentencias. La anularon e instaron a reiniciar el expediente para alcanzar un nuevo acuerdo de valoración de conformidad con la clasificación del suelo. En cumplimiento de tales sentencias, el Xurado fijó en 20 euros el metro cuadrado. Una discusión que se repite en los tribunales es si solo se estaba expropiando terrenos rústicos no urbanizables de protección para un yacimiento arqueológico o si estos, con la excusa del yacimiento, se ocupaban para formar parte de un parque incluido dentro de la trama urbana, lo que subiría su precio.

La comisión. El presidente de la comisión (Martín Almagro, de la Real Academia de Historia) y el perito de los expropiados (el historiador Felipe Senén) avalan la compensación de 50 euros. El experto propuesto por el Concello, el arquitecto José Ramón Soraluce, apostó por mantener la valoración para el resto de parcelas del mismo proyecto de expropiación. Argumentó que, según determina la ley de Patrimonio Cultural de Galicia, los bienes y restos de interés arqueológico son inescindibles de los terrenos objetos de expropiación y por su naturaleza demanial su valor es nulo y la valoración no debería aumentar con su hallazgo. Con este reparto de opiniones, la comisión fija 50 euros. Razona su presidente que se decide "dada la ubicación de los terrenos en un entorno de gran importancia simbólica y paisajística para la ciudad y su valor arqueológico y cultural". Y lo hace en consonancia con lo pagado por otros terrenos de la zona, en este caso, para sistemas generales.

El desenlace. El Concello recurrió en el Superior para tratar de anular la decisión de la Comisión pero no tuvo éxito. Dictó sentencia en contra el pasado mayo. El Supremo inadmitió el recurso.

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