14 de marzo de 2019
14.03.2019
Consecuencias judiciales de las políticas urbanísticas

El urbanismo vazquista obliga al Concello a desembolsar al menos 43 millones de euros

Provienen de decisiones judiciales sobre la recalificación de Someso, las permutas del paseo, la licencia ilegal del edificio Fenosa y la valoración de expropiaciones para el castro de Elviña

13.03.2019 | 20:41
Someso, el edificio Fenosa, el castro de Elviña y terrenos junto a la Torre.

La gestión urbanística en la etapa de Francisco Vázquez como alcalde de A Coruña ha tenido consecuencias millonarias para las arcas municipales. Fruto de resoluciones judiciales, los casos de mayor relevancia suman por el momento 43 millones de euros: la recalificación del suelo en Someso expropiado para un campo de fútbol y una carretera, la licencia ilegal del edificio Fenosa, los bloques de pisos frustrados en el Agra de San Amaro frente a la Torre de Hércules y, según la última decisión judicial conocida, las discrepancias en la valoración de los terrenos para el desarollo del plan especial del castro de Elviña.

Los casos tienen varios denominadores comunes. Además de un Gobierno municipal dirigido por el mismo alcalde del PSOE, son operaciones gestadas entre el final del plan general de 1983 y el inicio del de 1998, que amparó la época dorada del desarrollismo inmobiliario en la ciudad, finalizada con el pinchazo de la burbuja del sector. Entre 1995 y 2006, los concejales de Urbanismo que se sucedieron fueron Salvador Fernández Moreda (hoy asesor responsable de Urbanismo del Valedor do Pobo), Jose Luis Méndez Romeu y Javier Losada (actual delegado del Gobierno).

El proceso más lesivo hasta el momento ha sido el del polígono de Someso. Cerca de 23 millones de euros en indemnizaciones, casi tanto como los 25 millones previstos para inversiones en el proyecto de presupuestos de 2019 que no se llegó a aprobar. Es la cantidad que sumaron las indemnizaciones, pagadas a plazos, a los propietarios a los que se le expropió a finales de los ochenta para construir un campo de fútbol y una carretera y vieron cómo la zona se recalificaba para levantar un gran polígono de viviendas, con Antonio Fontenla como uno de sus máximos promotores. Un informe municipal encargado por el PP señalaba que también se habían generado 19 millones de pérdidas patrimoniales, entre otras cuestiones, porque ocho sociedades aportaron al proyecto parcelas que habían sido adquiridas en origen por el Ayuntamiento, que no registró los terrenos ni defendió que eran propios pese a contar con los papeles de adquisición.

Los propietarios de suelo junto a la Torre acumulan, por el momento, dos millones en indemnizaciones del Ayuntamiento dictadas por los tribunales a causa del conflicto abierto en 1993. Al ser expropiados, se les proporcionó edificabilidad junto a la Torre de Hércules, pero la declaración del monumento como patrimonio de la humanidad hizo que su proyecto inmobiliario fuese rechazado finalmente. Sin ofrecérseles solución, reclamaron compensaciones que los tribunales han establecido por ahora en dos millones de euros y que podrían aumentar.

También reciente es la resolución, a través de un acuerdo intrajudicial, de la licencia ilegal del edificio Fenosa. Dentro del pacto avalado por la Justicia para evitar el derribo, se abonarán 2,97 millones al denunciante, además de compensaciones a los propietarios si renuncian a exigir responsabilidades al Concello. Tal y como está fijadas, sumarían un millón de euros pero se reservan la posibilidad de pedir que aumente en los tribunales. El acuerdo evita un mal mayor, estimado en 62 millones de euros en caso de que se tuviese que demoler el edificio.

El único que no tiene una operación inmobiliaria por medio es el caso de las expropiaciones del castro de Elviña. El Supremo ha condenado a pagar 14,5 millones de euros más a los expropiados, a los que, en principio, se les había pagado el metro cuadrado a 12 euros. Una providencia confirma la sentencia del Tribunal Superior que les reconoció 50 euros.

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