La Autoridad Portuaria lleva a los tribunales al Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno para no permitir a un particular acceder a las actas de su consejo de administración entre los años 2015 y 2018. El órgano estatal exigía al Puerto que se pudieran consultar estos documentos, donde se reflejan las decisiones que toman los miembros con respecto a la gestión de la entidad, pero este se niega alegando que supone revelar deliberaciones "secretas", vulnerar leyes de protección de datos o suponer la "paralización" de su actividad por el "elevadísimo volumen de documentación" requerido. Ante el fin de la vía administrativa entre ambos órganos e insistiendo en la negativa, la Autoridad Portuaria recurrió en enero al contencioso-administrativo, que dirimirá si el particular tiene derecho o no a conocer esta información.

Fue el 3 de julio de 2018 cuando un ciudadano solicitó al Ministerio de Fomento acceder a las "actas y acuerdos" de los consejos de administración de la Autoridad Portuaria celebrados desde el año 2015 y fue eses mismo mes cuando el propio Puerto desestimó facilitar los documentos por "razones justificadas" que enmarcaba en las circunstancias que limitan el derecho al acceso a la información en la propia ley de transparencia, entre las que alegaba las ya citadas. El vecino recurrió la decisión y el Puerto insistió en sus argumentos, por lo que el ciudadano acudió directamente al consejo, de carácter estatal, que vela por el cumplimiento de la citada normativa y que acabó dándole la razón.

Para comenzar, el órgano afirma "discrepar" de los argumentos de la Autoridad Portuaria porque, dice, "la transparencia, el acceso a la información pública y a las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política". Recuerda, además, que dentro de información están incluidos "contenidos y documentos" elaborados por cualquier "sujeto" incluido en la norma que rige la transparencia y apunta al Puerto como una de ellas. En su resolución, recurrida ahora en los tribunales, el consejo rebate uno por uno los argumentos del ente dirigido por Enrique Losada para no ofrecer las actas de los consejos de administración de los últimos tres años.

En primer lugar, ante la explicación de que las normas de funcionamiento del consejo de administración citan que "las sesiones no serán públicas" y que habrá "reserva absoluta con respecto al contenido de las deliberaciones e intervenciones", el Consejo de Transparencia rechaza la "aplicación preferente" de este documento sobre la propia ley de 2013. Los argumentos de la incidencia en la "libre competencia entre empresas" sobre captación de tráficos o inversiones o que hacer públicos los futuros proyectos podría "perjudicar gravemente" la gestión de la Autoridad Portuaria también son descartados porque, dicen los representantes del consejo, habría que analizar el perjuicio "concreto, definido y evaluable" y no a nivel general, así como apunta que el conocimiento de los asuntos se ciñiría a procesos "ya finalizados".

El Puerto también alega que, en la documentación, existen datos de carácter personal y también que se haría pública información tributaria, ambas protegidas por la legislación. Ante esta cuestión, el órgano rememora que la norma habla de una "previa disociación" de lo relativo a individuos concretos que impida la identificación.

Por último, la falta de "medios humanos" que esgrime la Autoridad Portuaria, que supondría "paralizar la actividad del organismo público", el consejo apunta a que tendría el plazo de un mes, prorrogable a otro, para ofrecer la información y añade que el volumen no se puede considerar "ejemplo de juicio determinante a la hora de rechazar el acceso a la información".