17 de marzo de 2019
17.03.2019

Claves para una situación de riesgo

Las plataformas ciudadanas defienden que la acción cívica aporta experiencia colectiva, apoyo y asesoramiento en la negociación con los bancos y el juzgado

16.03.2019 | 23:55
Un hombre consulta los anuncios de pisos en una inmobiliaria.

Casi nadie está preparado para enfrentarse a un desahucio, ni personal ni administrativa ni legalmente. En movimientos ciudadanos como Stop Desahucios denuncian que la legislación española sobreprotege a las entidades financieras dejan indefensos a los ciudadanos deudores de buena fe. Proporcionan asesoramiento, experiencia colectiva, juristas solidarios y apoyo. Confían más en ello que en la labor de las administraciones, que en los últimos años han abordado iniciativas para atender a los ciudadanos en riesgo de ser expulsados de la vivienda en la que habitan pero a las que se le demanda un mayor trabajo en red.

Todas las plataformas y asociaciones que trabajan en torno a los desahucios recuerdan a los afectados, primero, que deben coger el toro por los cuernos cuanto antes, y que es un procedimiento largo, que no se produce de manera inmediata. La PAH tiene un Libro Verde, en el que analiza cómo actuar en caso de que se llegue a plantear el problema. Según su avance, lo dividen en tres fases.

La primera fases es aquella en la que el afectado ha dejado de pagar o prevé que pronto lo hará. Aún no se ha iniciado el procedimiento de ejecución y es la fase en la que el banco aún está dispuesto a negociar, sobre todo cuando se deja de pagar. Antes de negociar, instan a decidir cuál es el objetivo, si una dación en pago, una quita, un alquiler social... Lo primero, aconsejan, es cubrir las necesidades básicas de la familia, por encima de pagar, y advierten que refinanciaciones, carencias y novaciones pueden suponer cambios perjudiciales por lo que recomiendan estar muy seguros de lo que el banco da a firmar. Todo por escrito, dice la PAH, que recomienda no cambiar de opinión ante el banco e intentar mantener la tranquilidad y paciencia porque las respuestas pueden tardar.

Los bancos tienen el deber de informar a sus clientes con problemas económicos de la existencia de un Código de Buenas Prácticas al que están suscrito de manera voluntaria y que los obliga a dación en pago con unos requisitos determinados que hay que comprobar si se cumplen. "En cualquier fase del proceso, señalan, es importante usar los recursos de la Administración pública para reforzar nuestra negociación", dice el Libro Verde, que nombra a los Servicios Sociales.

La segunda fase es el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria. Antes de iniciarse el procedimiento, llega un burofax que informa de la cantidad que se adeuda dando un plazo para el pago. En el caso de no pagar, llega la demanda de ejecución hipotecaria, en la que el juzgado da diez días para pagar u oponerse. Desde la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de febrero de 2013, se abrió la posibilidad de plantear cláusulas abusivas. El juzgado fija la fecha de la subasta y cuando el piso va a subasta el banco se lo queda por el 70% del valor de tasación. Puede ser una ejecución judicial, la más habitual, o extrajudicial (ante notario). Según explica la PAH, el banco puede parar el procedimiento y llegar a un acuerdo en todo momento, aunque no suelen explicarlo.

Una vez recibida la demanda hay diez días para dirigirse al juzgado y solicitar un abogado de oficio. Se puede acudir también al Colegio de Abogados, señala el órgano en A Coruña. A pesar de que el antiguo acuerdo de la Xunta con el Consello de Avogacía para asesoramiento gratuito ya no está en vigor, afirman que atenderán al que se acerque. Pedir un abogado de oficio, dice el Libro Verde, es relevante porque, al personarse, permite recibir información y demostrar al juez que se está haciendo todo lo posible para enfrentarse al problema. Si deniegan el abogado, se puede interponer un recurso.

Hay que seguir negociando y acudir a la administración pública (Servicios Sociales) para dejar constancia de la situación. En A Coruña se abrió una oficina específica para mediar y dar asesoramiento gratuito que, afirma el Concello, sigue funcionando dentro del engranaje de la concejalía.

La tercera fase es la del lanzamiento/desahucio y reclamación de la deuda. El banco se queda con el piso y reclaman la deuda restante más los intereses. Hay que solicitar justicia gratuita, presentar recursos para intentar parar el desahucio ganando tiempo para seguir negociando, solicitar la condonación de la deuda... Paralelamente, insta a acudir a las oficinas municipales para solicitar un piso de emergencia social y los recursos públicos de los que dispone la administración para este tipo de problemas.

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