La Autoridad Portuaria vuelve a acudir a los tribunales ante la exigencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de que ofrezca información solicitada por particulares. Si primero fue por la petición de conocer las actas del consejo de administración entre los años 2015 y 2018, también ha judicializado el requerimiento del concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, que justamente forma parte del órgano portuario en representación del Concello, para acceder a informes sobre el expediente abierto por el Tribunal de Cuentas sobre las obras del puerto exterior de Langosteira.

El consejo que vela por el cumplimiento de la ley de transparencia ordenó el año pasado al Puerto que permitiera ver al edil la documentación relacionada con la investigación del tribunal sobre responsabilidad patrimonial en relación con la ejecución de la construcción de punta Langosteira entre 2012 y 2014. Varela pedía informes emitidos por los servicios jurídicos de la Autoridad Portuaria o cualquier otro órgano del ente coruñés y, aunque el Puerto respondió que estudiará remitírselos, al final no los envió. Ahora será el juzgado el que decida si el miembro del Gobierno local tiene derecho o no a consultar esa información. Cuentas investiga desde 2017 la ejecución del puerto exterior ante la posible existencia de responsabilidad contable en la gestión y contratación para la infraestructura.

Este no es el único caso abierto por el concejal contra el Puerto ante Transparencia por el acceso a expedientes internos y, aunque en otra ocasión sí que pudo consultar la documentación, el consejo estatal reprochó la demora con la que pudo hacerlo en una resolución del año pasado. Varela reclamaba conocer las dietas de sus compañeros en el consejo de administración y, tras acudir al Consejo de Transparencia, recibió el informe cuatro meses después. La demora se agranda si se cuenta desde que el edil pidió la relación, en la propia reunión del órgano, en mayo de 2017. La Autoridad Portuaria alega que en ese momento solicitó un informe a la abogada del Estado para confirmar que el documento estaba dentro de los límites legales y que este no estuvo listo hasta diciembre de aquel año. Aún así, Transparencia critica al Puerto por entregar el informe "transcurrido sobradamente el plazo legal de un mes" que establece la normativa.