22 de marzo de 2019
22.03.2019

El Concello propone el derribo parcial del edificio ilegal de San Roque y su restauración

El juzgado debe validar el proyecto planteado en lugar de la demolición total para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior por la licencia irregular que otorgó el Gobierno de Vázquez

21.03.2019 | 22:50
El inmueble ilegal en la esquina de la calle San Roque de Afuera.

El Ayuntamiento propone la demolición parcial y posterior reconstrucción del edificio situado en el número 13 de la calle San Roque de Afuera, sobre el que pesa un fallo judicial firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordena su derribo. El servicio municipal de Edificación remitirá en las próximas semanas al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña el proyecto de demolición junto a un informe de su supervisión para obtener la conformidad del mismo y ejecutar la sentencia.

El Gobierno local inició a finales de 2017 los trámites para cumplir las resoluciones judiciales que obligan a derribar este inmueble de 16 viviendas frente al paseo marítimo, próximo al Millenium, cuya licencia de reforma otorgada en 2002, durante el mandato de Francisco Vázquez, fue declarada ilegal en 2008 por el TSXG. El alcalde, Xulio Ferreiro, admitía en los meses siguientes que la demolición se iba a llevar a cabo, aunque entonces el Concello no había determinado si sería total o parcial. La solución escogida sería, añadía el regidor, la que causase "el menor perjuicio" a la ciudad y a los propietarios afectados.

En la primera mitad de 2018 un estudio del departamento municipal de Disciplina Urbanística planteó tres opciones para ejecutar la sentencia firme: el derribo total del edificio; su demolición íntegra y la posterior construcción de un nuevo inmueble; y la "adaptación del edificio al planeamiento vigente mediante su demolición parcial y posterior reconstrucción", propuesta que finalmente fue la elegida.

En septiembre del año pasado Edificación encargó la redacción del proyecto de demolición parcial del inmueble, que adjudicó dos meses después. El informe de supervisión del proyecto a cargo de una asistencia técnica ha llegado este mismo mes al servicio municipal, que lo enviará ahora al juzgado para obtener su visto bueno antes de acometer la ejecución del fallo judicial.

El juez de lo Contencioso-administrativo requirió al Concello en octubre de 2017 que determinase la vía para ejecutar la sentencia del TSXG, que establecía un plazo de seis meses para proceder a la demolición del bloque de viviendas. Los técnicos municipales de Urbanismo certificaron que el edificio ocupa toda la parcela cuando solo podría ocupar el 70% de las plantas superiores a la baja y que los vuelos de la fachada sobresalen más de lo permitido, por lo que unos días después el área de Rexeneración Urbana trasladó a la Junta de Gobierno Local una propuesta para decidir cómo se plantearía la demolición del inmueble.

Los propietarios de las viviendas presentaron un recurso de reposición en el que solicitaron la suspensión cautelar, que el Concello rechazó. El abogado que representa a los vecinos alertaba de que si el Ayuntamiento optaba por el derribo íntegro del edificio, los afectados reclamarían indemnizaciones por daños patrimoniales y por los realojos. El letrado, apoyado en un permiso concedido por el Gobierno local anterior, del PP, para legalizar las viviendas, defendía la modificación del edificio para obtener una nueva licencia. El alcalde reprochó entonces a los populares que hubieran calificado de resuelto el problema del inmueble cuando gobernaban.

El caso tiene similitudes con el del edificio Fenosa, resuelto hace un mes tras 21 años de litigio judicial a raíz de una licencia de obra ilegal que concedió el Gobierno socialista de Vázquez.

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