El Ayuntamiento y la Compañía de Tranvías miraban de reojo hacia Luxemburgo a la espera de una sentencia, con trasbordo en la Toscana, que arrojara luz a su pleito sobre la duración de la concesión del bus urbano, pero el fallo judicial les deja como estaban, sin certezas sobre ese plazo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto el litigio sobre la adjudicación de la concesión del transporte público en la región italiana sin entrar en el aspecto que se juega en A Coruña: cómo se aplica el reglamento europeo de transporte para definir la duración del actual contrato del bus urbano, en manos de Tranvías desde 1986. Ahora deberán aguardar a la resolución expresa del Tribunal Europeo sobre el caso coruñés, solicitada por un juzgado de la ciudad en enero y que suele demorarse una media de quince meses, según fuentes jurídicas.

El Ayuntamiento sostiene que el contrato, en aplicación del reglamento comunitario, caducó en 2016, cuando se cumplían los treinta años establecidos desde su firma. La concesionaria sostiene que el reglamento no tiene aplicación retroactiva, por lo que nada ha cambiado y puede gestionar el transporte público en la ciudad hasta 2024.

Ayuntamiento y Tranvías esperaban que el Tribunal de Justicia Europeo sentenciara, en el caso italiano, cuándo comienzan a contar esos treinta años. Más después de que, el 25 de octubre pasado, el abogado general, que ofrece al Tribunal su opinión jurídica sin que sea vinculante, se pronunciara en este procedimiento y avalara la tesis de Tranvías. El letrado determinó que los treinta años de límite en las concesiones otorgadas antes de la aprobación del reglamento deben comenzar a contarse desde la entrada en vigor de esta norma, es decir, el 3 de diciembre de 2009. A la misma conclusión habían llegado el Consejo de Estado de Italia y el Gobierno de Francia.

El Tribunal de Justicia no se pronuncia sobre este plazo, según fuentes jurídicas, al haber resuelto el litigio de la Toscana sin necesidad de haber tenido que entrar en la consideración introducida por el abogado general. No era el objeto del litigio y tampoco fue preciso acudir a él para resolver el pleito toscano.

El caso coruñés, como el italiano, se resolverá en los tribunales después de que Tranvías interpusiera un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Concello de declarar caducado el contrato el 30 de noviembre de 2016. El Ayuntamiento decretó la continuidad de la concesión durante dos años mientras se consultaba a la Comisión Europea. La demora en la resolución judicial ha llevado a ampliar ese plazo, por ahora sin fecha, y a no proceder a la convocatoria de un nuevo concurso. El juzgado planteó en enero una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo para que detallara cómo interpretar el plazo de duración de los contratos de transporte y, así, resolver el litigio coruñés.